El pasado
29 de abril, el alcalde de Bogotá D.C., Peñalosa y su
gabinete radicaron ante el Concejo Distrital el proyecto de Plan de Desarrollo
2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, un documento de 674 páginas, 170
Artículos, por un valor de $95,9 billones de pesos.
El proyecto de Plan, resulta un texto largo, sinuoso y que requiere ser
analizado cuidadosamente para entender las pretensiones de la actual
administración en materia programática, administrativa, jurídica y
presupuestal. La marca general del Plan es el desmantelamiento de lo público,
la transferencia de rentas generadas por la aglomeración y el patrimonio
colectivo al sector privado, la aplicación de la regla fiscal a la inversión
social y los subsidios de la población vulnerable, la concentración del
presupuesto en obras de movilidad y el abandono del enfoque de derechos y de
inclusión en la construcción de una ciudad de derechos, democrática y moderna.
El proyecto de Acuerdo quiere hacer moñona, aprovechando que tienen el
apoyo de una aplastante coalición mayoritaria en el Concejo distrital. Peñalosa
y su equipo proponen un Plan de Desarrollo, con gran cantidad de orangutanes,
incluyendo disposiciones y facultades que transformarán aspectos legales,
financieros, patrimoniales, urbanísticos y de la estructura administrativa de
la ciudad, los que significarán privatizaciones, venta de activos e inmuebles
de la ciudad, reducción de plantas de personal, revisión del gasto recurrente,
medidas que normalmente no hacen parte de un Plan de Desarrollo y que en una
suerte de pague uno lleve lo que quiera. Si el Cabildo distrital lo aprueba, no
solamente cede gran parte de sus facultades de control político durante los
próximos años, sino que además pierde la capacidad de discutir serena y profundamente
temas esenciales para el funcionamiento de la ciudad.
Privatizar: liquidar patrimonio público
valioso y rentable
En el Proyecto de Acuerdo aparecen varias figuras que consagran la
privatización de activos estratégicos, productivos y rentables hoy patrimonio
público y que se transferirían al sector privado a partir de la aprobación
global del Plan efectuada en el Concejo de Bogotá. Esto significaría otorgarle
una facultad amplia y discrecional a la administración para saldar bienes
construidos y valorizados durante años, con el esfuerzo de todos, en un abrir y
cerrar de ojos.
El caso más publicitado es el de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A.E.S.P. (ETB), para la cual Peñalosa
solicita en el Artículo 128 del proyecto en cuestión, autorización para la
enajenación total de la participación que en ella tiene el Distrito¹.
Paradójicamente, esta empresa entrega millonarios dividendos a la ciudad,
algunos de los cuales tienen como destino el presupuesto de la Universidad
Distrital; pero además tiene hoy un futuro comercial envidiable porque acaba de
realizar cuantiosas inversiones en la instalación de fibra óptica en sectores
residenciales y comerciales, además de abrir una rama de negocio en la
telefonía celular, lo que la hace una empresa con tecnología de punta, que a
pesar de los esfuerzos cotidianos de su presidente Jorge Castellanos, por
denigrarla, sus acciones no hacen más que valorizarse y de allí la pregunta:
¿si la ETB es tan mal negocio, por qué hay tantas expectativas en el mercado
por su privatización?
Otro caso importante de privatización es el de la EPS Capital Salud, que en el Distrito asumió los afiliados de la liquidada Caprecom, que
en su gran mayoría son personas del régimen subsidiado de Salud. El Distrito,
contradictoriamente titula el Artículo 66 del Plan, como “Fortalecimiento de la
EPS Capital Salud”, pero en su contenido plantea “Como resultado del proceso de
fortalecimiento o salvamento patrimonial de la EPS Capital Salud, se autoriza a
la administración distrital a fusionar la entidad o enajenar total o
parcialmente su participación accionaria en la misma, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes”.
La venta de Capital Salud hace parte del proceso de reorganización del
sector salud en Bogotá y su entrega a la lógica de mercado y al sector privado
consagrada en el Acuerdo 641 de 2016, con la creación de la Red Integrada de
Servicios de Salud conformada por 4 sub redes (Sur, Sur Occidente, Norte y
Centro Oriente) que unificó y absorbió los 22 hospitales que hacían parte de la
red pública y cuyas consecuencias empieza a ver la ciudadanía con las
deficiencias en la atención de urgencias, el abandono del programa de
Territorios Saludables y la espera prolongada para la atención de
especialistas.
Un caso más de privatización, tiene que ver con la solicitud de
autorización que el Alcalde hace al Concejo, empaquetada en el Plan de
Desarrollo en el Artículo 134, denominado “Enajenación de Participación de Transmilenio S.A. en la Empresa Férrea
Regional S.A.S.”. La consecuencia práctica del
beneplácito del Cabildo para la venta de esta participación accionaria de
Transmilenio S.A., es el abandono de la multimodalidad en el transporte público
del Distrito, puesto que el objeto de la Empresa Férrea Regional, es el aprovechamiento
de la red férrea del norte, sur y occidente que cruza la ciudad y la conecta
con la Sabana. De esta manera el Distrito, particularmente esta administración,
renuncia a la promoción y al aprovechamiento de esta red férrea regional y de
figuras como el Tren de Cercanías que podrían significar atacar los problemas
del transporte público con fórmulas más económicas, limpias y sostenibles, todo
ello en favor de Transmilenio que es la prioridad de este Alcalde y del Plan
comentado.
Sin agotar el análisis exhaustivo de las privatizaciones propuestas en
este Plan de Desarrollo, no puede pasar desapercibido lo propuesto en un
apacible Artículo, el 109, denominado “Gestión de Sedes Administrativas”, que
en su parte final establece “[...] Así mismo, autorícese al Alcalde Mayor de
Bogotá D.C. durante el período de vigencia del presente Plan, para realizar de
conformidad con las normas superiores que regulan la materia, la enajenación a
título oneroso de los bienes inmuebles fiscales de propiedad del Distrito, que
no sean necesarios para el funcionamiento administrativo de entidades
distritales”.
¡Se vende!
Este artículo puede significar la venta de una cantidad importante de
bienes inmuebles que posee el Distrito y que a juicio de esta administración no
sean necesarios o que en su afán de recaudar recursos y reducir el patrimonio
público, proceda a la venta de bienes importante que en muchos casos pueden
representar patrimonio cultural, predios o edificaciones que por su tamaño y
especialmente por su ubicación sean muy apetecidos en el mercado privado.
Otra forma de privatización, propuesta en el proyecto de Plan de
Desarrollo está representada por la gestión del espacio público, privilegiando
su acceso a quienes tienen los recursos económicos para pagar por su uso,
disfrute y aprovechamiento. Hay tres propuestas en este sentido. La primera la
contribución para eludir el Pico y Placa; la segunda la creación de autopistas
y vías rápidas sujetas al pago de peajes urbanos y, finalmente, las
contribuciones a parqueaderos. Estas figuras podrían profundizar la segregación
y la inequidad en el espacio urbano.
Reorganización administrativa y masacre
laboral
Peñalosa
solicita de manera bastante inusual el otorgamiento de facultades pro tempore
para realizar una reorganización administrativa del Distrito Capital. En
efecto, en el Artículo 106 del Proyecto de Plan de Desarrollo, denominado
“Modificación Estructura Administrativa” solicita “por el término de doce (12)
meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, de
facultades para modificar, fusionar, crear o suprimir entidades, establecer las
funciones de sus dependencias, fijar las correspondientes escalas salariales y
realizar las modificaciones presupuestales a que haya lugar; emitir los actos
administrativos pertinentes para ajustar las instancias de coordinación y
participación de las entidades distritales”. Esta solicitud la formula
excusándose en “el propósito de dar celeridad y agilidad a las decisiones que
se requieren para el cumplimiento de las políticas y los objetivos propuestos
en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”, y garantizar la
eficiencia en el uso de los recursos públicos y la prestación de los servicios
a la población”.
El otorgar estas facultades, el Concejo estaría propiciando el
incumpliendo absoluto de los requerimientos mínimos fijados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública –Dafp– para adelantar este tipo de
procesos, ya que las reestructuraciones deben ir acompañadas de estudios
específicos sobre las necesidades, la situación fiscal del ente territorial,
las realidades de las plantas de personal y los macro y micro procesos
administrativos y organizacionales que permitan establecer la necesidad de una
modificación organizacional.
Junto a estas facultades extraordinarias, en el Artículo 122 la
administración le solicita al Concejo Distrital aprobar una “Racionalización
del gasto y asignación eficiente de recursos” que tiene dos elementos. Por un
lado “una mirada integral y técnica de la estructura administrativa del
Distrito, en búsqueda de eficiencias administrativas y eliminación de
duplicidad de funciones entre entidades; en este sentido se estudiará la
posible fusión, transformación o supresión de algunas entidades cuyas funciones
puedan ser asumidas por otras; y por otro, “una revisión, análisis y depuración
del gasto recurrente actual, que permita liberar espacio presupuestal para las
nuevas inversiones del Plan de Desarrollo y se convierta en un factor de
decisión en la priorización del presupuesto. Esto permitirá fortalecer una
gestión gerencial que potencialice el logro de los objetivos y metas propuestas
del Plan de Desarrollo Distrital”.
En otros términos, Peñalosa pide autorización para modificar sin
participación ni consulta con los ciudadanos ni con los empleados públicos y
oficiales, la estructura administrativa del Distrito y la racionalización de
los gastos recurrentes, caso inédito en la ciudad, lo que podría significar una
masacre laboral para los empleados y que no debería autorizarse en el Plan de
Desarrollo sino que debería cursarse de manera autónoma y en un amplio proceso
de diálogo.
Presupuesto de bolsillo y Regla
Fiscal
El Alcalde Mayor utiliza el Plan de Desarrollo para hacer un manejo
presupuestal que elude varias de las normas contempladas en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996 y sus normas
reglamentarias. Primero, en el Artículo 58 hace una definición bastante gaseosa
de los Proyectos Estratégicos, incorporando desde los grandes de movilidad
(metro y troncales de Transmilenio) hasta operación de bibliotecas. Luego, en
el Artículo 125, establece que ese conjunto de proyectos se realizarán mediante
el mecanismo de vigencias futuras, lo que significa que el Concejo le estaría
dando un cheque en blanco para financiar y realizar proyectos indeterminados
sin estudios técnicos ni financieros, sin pasar por la autorización previa del
Consejo de Gobierno y del Confis y lo más grave sin un debate público sobre los
costos, las dimensiones técnicas y las implicaciones sociales de estos
proyectos.
Luego, el Alcalde pretende que el Plan de Desarrollo le otorgue
facultades para incorporar directamente los recursos adicionales a los
previstos en el presupuesto aforado de cada vigencia, a través de un Decreto,
evitando ir al Cabildo cada año a tramitar una adición presupuestal, que tiene
un costo en tiempo y negociación, en la manera cómo opera el Concejo Distrital.
También solicita unas facultades pro tempore para efectuar traslados entre
agregados o entre entidades o aprobar créditos adicionales al presupuesto de la
vigencia 2015, lo cual no está contemplado en las normas presupuestales
distritales.
La cereza del ponqué en términos presupuestales y de derechos, es la propuesta de Peñalosa
de incorporar a través del Plan de Desarrollo la denominada Regla Fiscal en el Distrito. En efecto, en el Artículo 105, definido como “Focalización de Beneficios
y Subsidios”, la administración le pide al Cabildo permitirle reglamentar “la
implementación de los beneficios y subsidios autorizados por el Concejo
Distrital, para que en el marco de sostenibilidad fiscal y dentro de los
recursos presupuestados para cada vigencia fiscal, se puedan priorizar a los
correspondientes beneficiarios”. Abandonando la universalidad de los derechos,
condicionándolo al acceso a la disponibilidad presupuestal definida por la
propia administración y sujetando la garantía de los derechos a la voluntad del
ordenador del gasto quien fija las prioridades, focaliza y selecciona los
beneficiarios, dando pie a la ampliación del modelo neoliberal y clientelista
de asistencia social caritativo, lo cual en Bogotá significa una política
social regresiva, que desconoce los logros de inclusión social de la ciudad.
Misceláneos para la preocupación
ciudadana
Un proyecto tan extenso como el Plan de Desarrollo tiene tal cantidad de
temas que es muy difícil comentarlos en un breve texto, por tanto señalaré sucintamente
tres temas que aparecen y que deben ser discutidos más ampliamente. Primero, la
intención de ubicar como proyectos estratégicos los senderos ecológicos, uno el
panorámico rompe fuegos de los cerros orientales, y otro el de conexión entre
los cerros orientales y el río Bogotá.
Estos proyectos afectarán ambiental, paisajística y patrimonialmente los
cerros orientales y la Reserva Natural Thomas Van Der Hammen, promoviendo la
urbanización para los estratos altos de la ciudad. Segundo, la ausencia del
tema de la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía y la
capacidad administrativa de las localidades y por el contrario la clara
intención de asaltar sus recursos, con el argumento de promover la concurrencia
y complementariedad entre el nivel central y la gestión local, con la
cofinanciación de obras del Distrito para “potencializar los recursos de los
Fondos de Desarrollo Local” como contrapartidas en proyectos de gran impacto
social, los cuales serán definidos por el nivel central, abandonando las
prioridades de la inversión local. Un tercero, es la utilización del Plan de
Desarrollo para fijar normas urbanísticas, lo cual se menciona para la
infraestructura educativa y para unos planes parciales que deberían tener uno y
otro un curso legal distinto.
El Estado no es la solución...
En síntesis, el proyecto de Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa
para aprobación del Concejo Distrital es un proyecto cargado de micos, que
busca que en un solo paquete le sean concedidas facultades al Alcalde Mayor
para modificar aspectos esenciales de la administración pública, de la
estructura organizacional y del presupuesto distrital. Esta administración
parte del precepto fijado en la década de los 80 del siglo pasado por Ronald
Reagan, quien afirmaba que “El Estado no es nunca la solución. En realidad, es
siempre el problema”. Así pretende reducir el campo de intervención del Estado,
abriendo espacio a la acción del mercado, privatizando servicios esenciales,
achicando el aparato de gobierno, con argumentos afincados en una aparente
eficiencia y eficacia del sector privado y la supuesta incapacidad del Estado
para la administración, procediendo en este proyecto a vender entidades
públicas esenciales, al desmantelamiento institucional y a recortes presupuestales
con consecuencias en el acceso y garantía de derechos a la ciudadanía.
En realidad el Plan de Desarrollo consagra la transferencias de rentas
públicas construidas en años de impuestos y ahorros colectivos a sectores
privados que se aprovechan de la regulación y la aglomeración de una ciudad
como Bogotá, sin que la administración resuelva de fondo los problemas de
inclusión social, de movilidad sostenible y de sostenibilidad ambiental que hoy
constituyen los principales problemas de la capital del país.
* Mauricio Katz García, @katzmauricio. Sociólogo, DEA en Estudios
Políticos, Candidato a Doctor, Universidad Pierre Mendes France, Grenoble II.
Ex Subsecretario de Planeación de la Inversión del Distrito entre 2012 y 2014.
1 Todos los artículos comentados en este texto hacen parte del Proyecto
de Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, radicado el 29 de
abril de 2016 al Concejo de Bogotá D.C.
Visto 1087 veces
Comentarios
Publicar un comentario