¿Qué trae de nuevo para Bogotá la segunda
administración de Peñalosa? Triste decirlo: el
pasado proyectado al presente. El objetivo de su Plan de Desarrollo “Bogotá
mejor para todos”, dialoga con su apuesta de 1998, solo leámoslo para así
confirmarlo: “Propiciar el desarrollo de los habitantes de la ciudad,
reorientando el desarrollo de ésta y buscando recuperar la autoestima ciudadana
con la finalidad de incrementar el bienestar de los y las ciudadanas,
‘felicidad para todos’”.
Felicidad como concepto que no se
desarrolla, solo se enuncia en dos sentidos: uno, como el acceso al espacio
público y otro como una ciudad que brinda oportunidades para que las personas
“tengan la vida que desean”, sin embargo, el desarrollo del plan sólo se enfoca
en el primero, lo que quiere decir que no se habla de felicidad en términos de
igualdad, acceso y garantía de derechos.
Y como objeto fundamental del Plan de
Desarrollo: una ciudad-aglomeración de consumidores que propicia de modo
adecuado la economía de mercado. Es decir, la ciudad está a la venta, y qué
mejor para ello que la inversión de la empresa privada (capitales nacionales e
internacionales). Esta idea de ciudad marketing resalta en el propósito de
recuperar el espacio como un bien de consumo para turistas, para el tránsito,
para el mercado, entre otros usos que generen rentas. Con este modelo, los
problemas sociales de Bogotá se resuelven a través de la construcción de
infraestructura mediante la contratación de nuevas vías, nuevos corredores para
Transmilenio, parques regionales y lineales, construcción de hospitales y Caps,
colegios en concesión, entre otros y no como garantía y acceso pleno a los
derechos. Los problemas de exclusión y segregación no se diagnostican, no se
tienen en cuenta, ni se abordan en el borrador del Plan de Desarrollo.
Esta visión de ciudad de mercado resalta
cuando los ciudadanos son vistos, exclusivamente, como consumidores de
mercancías, de ahí que solo pueden permanecer en ella los que estén en
condiciones de pagar estos valores, los demás deberán abandonarla.
En esta visión de ciudad se sobreponen los
intereses particulares a partir de las alianzas público privadas –APP–,
desconociendo los intereses de la mayoría. Y se fortalece que las lógicas de
ejecución de las tareas públicas proceda a través del fortalecimiento de la
recentralización administrativa, la gerencia de proyectos.
Las acciones del PDD se desarrollan, de modo
primordial, alrededor de la llamada industria del cemento, las industrias
contaminantes y el sistema financiero, dejando explicito que para Peñalosa los problemas de la ciudad
no van más allá de la infraestructura y la garantía de derechos para el mercado
y el sector privado. Así queda claro que la magnitud de los problemas sociales,
no son la preocupación del PDD ni del modelo de ciudad predominante.
En el nuevo cuatrienio de la administración Peñalosa (2016-2019) son varios los
aspectos que incorporara el ahora alcalde, en relación al Modelo de Ciudad (MC)
propuesto en el 2000, el cual no se modificará sino que se afinará,
rectificando los errores detectados en estos 16 años de implementación e
incorporando nuevos elementos que lo profundicen.
En relación a los elementos por afinar,
retomando la idea central del Modelo de Ciudad colombiana impulsada desde los
años 90, en torno al impulso de cuatro ejes:
Movilidad. Para ello desarrollará 8
troncales nuevas de Transmilenio. Modificación del trazado del Metro dejándolo
mayoritariamente elevado y como alimentador de Transmilenio, con la consecuente
generación de impactos urbanos por su desarrollo sobre la superficie,
profundizando la segregación (norte subterráneo, sur elevado). Impulso a las
concesiones viales al interior de la ciudad (Calle 13 a la Cámara Colombiana de
Infraestructura, tramo Avenida 68 a través de un tranvía ligero operado por
privados), alza de tarifas y eliminación de subsidios. Cable aéreo de Usaquén
al embalse de San Rafael como copia del modelo Medellín de Parque Arvi. Túnel a
la Calera por la calle 153 o 170 como vías expresas concesionadas. Retorno a la
ALO en su trazado original afectando ambientalmente la Conejera, la reserva
Thomas Van der Hammen y habilitación de suelo en el POZ Norte para proyectos de
altas rentas. Prolongación de vías hasta el rio Bogotá a fin de proyectar la
conexión de Bogotá con municipios de la sabana a través de nuevos puntos que
expandiría la urbanización al otro lado del rio Bogotá.
Servicios públicos. Profundizar el modelo
privatizador, impulsando de nuevo la venta de los activos públicos, en este
caso la ETB, entre otros. No hay alternativas nuevas. Desmonte Basura Cero.
Desmonte Aguas Bogotá. Allí también el impulso a la Agencia Distrital de
Asociaciones Público - Privadas (Adapp) para el desarrollo de proyectos de
movilidad, acceso a la ciudad, integración regional, educación, cultura y
salud.
Vivienda. Recuperar el rumbo de
Metrovivienda y la ERU impulsando la construcción y gestión de vivienda nueva y
el mejoramiento integral de los barrios como proyectos liderados directamente
por el Alcalde Mayor, a través de micro intervenciones puntuales en la ciudad.
Para ello se retoma Metrovivienda y la ERU como las entidades líderes de la
producción de suelo para VIS y VIP y la ERU con planes de renovación urbana.
Retoma de la Operación estrategia Nuevo Usme (150.000 viviendas
multifamiliares) y propicia la articulación ERU con ERU Virgilio Barco. También
la construcción viviendas en Ciudad Paz en el área de la Reserva Thomas Van de
Hammen (1.400 has), que según Peñalosa serán para los
3.000.000 de habitantes que tendrá Bogotá en los próximos 40 años.
Infraestructura. Será adelantada con
prioridad en las concesiones. En materia de salud se plantea su “mejoramiento”
a partir de la creación de obras (20 Centros de Atención Prioritaria en Salud
(Caps), Central de Urgencias del Sur (Ceuss). Minimización o eliminación del
programa de salud “Territorios Saludables” de atención preventiva en los
hogares y reducción a su mínima expresión de los programas sociales cuando no
su eliminación. En materia de educación, se apunta al “Mejoramiento” basado en
la construcción de obras, jardines infantiles y colegios y mega centros de
recreación, entretenimiento, arte y cultura. Retoma el impulso al
fortalecimiento del esquema de colegios en alianzas público privadas
profundizando la privatización de la educación básica y secundaria. E impulso
al modelo de privatización con 25.000 cupos para universidades privadas bajo la
lógica del programa presidencial Ser pilo paga. En materia de espacio
público –recreación– se plantea realizar el corredor de los Cerros Orientales
como un Sendero Panorámico que copia del proyecto de despojo de Medellín Jardín
Circunvalar que habilita suelo para el mercado inmobiliario de altas rentas.
Tampoco aparece la atención
a las demandas de la población en condición de desplazamiento forzado que ha
llegado a la ciudad.
En relación a los nuevos elementos
incorporados están la mirada expansionista sobre el territorio de la sabana de
Bogotá y la Región. Allí apuesta por proyectos como:
Ciudad Río a lo largo del río Bogotá, con la
urbanización de sus dos costados.
La creación de Parques
Regionales en los embalses de Tominé y Parque del Embalse San Rafael.
Urbanizar la sabana
(250.000 viviendas Mosquera),
Vivienda en Soacha y
Madrid (500.000 viviendas) y
expansión de la vivienda
de altas rentas,
liberar POZ Norte,
Tren de cercanías sur y
occidente como alimentadores de Transmilenio,
ampliación aeropuerto El
Dorado e impulso al Dorado II,
profundización del modelo
extractivista a partir de las concesiones minero energéticas.
Es decir, durante este periodo Peñalosa profundizará un MC y
Región basado en proyectos altamente rentables al servicio del capital nacional
e internacional, garantizando la continuidad y profundización de la política
urbana agenciada por el Banco Mundial, el BID y Naciones Unidas (ONU).
* Profesor Asociado Universidad Nacional de
Colombia. Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Arquitecto, Magíster y Doctor en
Arquitectura y Ciudad y en Urbanismo. Investigador Senior (IS) Colciencias.
Líder del Grupo de Investigación “Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e
Informalidad”. catorrest@unal.edu.co
Cuatro años
para la especulación y el capital privado
Peñalosa gobernó por primera vez
Bogotá durante el periodo 1998-2000 a nombre del movimiento cívico “Por la
Bogotá que soñamos”. Su apuesta, discursiva, enfatizaba en el desarrollo urbano
sostenible basado en la infraestructura urbana y el espacio público como bases
para lograr la equidad social. Postulados plasmados durante los años de
gobierno dejando las bases sentadas de un Modelo de Ciudad (MC) al servicio del
capital.
Recordemos que su apuesta
de “recuperar el espacio público”, e incrementar la cantidad y la calidad del
mismo para los bogotanos, pretendía “[…] la integración de la comunidad,
mejorar la calidad de vida y ver la ciudad como espacio social”. Pero sus
grandes realizaciones, además de las obras de cemento, fueron la expulsión del
mismo de los vendedores informales y la instalación de 2.000.000 de bolardos.
“Recuperó” el área del Cartucho sin resolver el problema social y de salud
pública de 5.000 ‘habitantes de calle’, los cuales se trasladaron a toda la
ciudad, principalmente a la denominada zona del Bronx. Con ello impuso su
visión de “renovación urbana”, construyendo el Parque el Tercer Milenio y
afectando la población del sector de San Bernardo, así como los comerciantes de
San Victorino.
La base del desarrollo a través de la
construcción de infraestructura, con lo cual construyó 3 bibliotecas públicas y
47 colegios. Deshizo la Empresa Metro que ya tenía diseñadas tres líneas e instaló Transmilenio con el
propósito señalado de “Establecer sistemas de transporte que aseguren una
disminución en los tiempos de viaje y proporcionen un servicio digno,
confortable y eficiente con respeto por el entorno y el ambiente”. Sin embargo
éste termina favoreciendo a los operadores privados del sistema sin que esa
perversión aún se corrija. Aparejado con ello las losas de Transmilenio en la
Fase I con el llamado “concreto Fluido” que no ha garantizado la operación
adecuada del sistema y Cemex no pagó la deuda causada y cada día la ciudad
empeora su movilidad y asume los costos de esta decisión errónea.
Instaló, de igual manera, el Pico y Placa y
el día sin carro. Implementó la modalidad de colegios públicos en concesión. Y
como parte de los intentos privatizadores avanzó sobre la ETB sin lograr su
propósito.
La gran apuesta de Peñalosa quedó plasmada en el –POT–-, en el cual visiona la
ciudad futura, que en el Plan de Desarrollo 1998-2001 señalaba como objetivo
“[…] generar un cambio profundo en la manera de vivir de los ciudadanos,
devolviendo la confianza a todos los bogotanos en su capacidad para construir
un futuro mejor y dinamizar el progreso social, cultural y económico. Se trata
de proyectar y hacer viable a Bogotá para enfrentar los retos y aprovechar las
posibilidades que impone una nueva era, trabajando con miras a mejorar
significativamente la calidad de vida para las presentes y futuras
generaciones”.
Allí su apuesta por Metrovivenda como generador de suelo
para vivienda de bajos ingresos en áreas periféricas de la ciudad no logró
producir los resultados esperados, al igual que la Empresa de Renovación Urbana
–ERU–, así como el Programa de Desmarginalización, todo ello basado en la idea
de “Elevar la calidad de vida de la población residente en barrios con
deficiencias en infraestructura y servicios sociales, a través de la
intervención sobre aquellos aspectos que permitan superar dichas deficiencias y
dinamizar en la comunidad la apropiación de la construcción de su destino”.
Pero no olvidemos que para entender el MC
debemos tener claras dos consideraciones.
La primera, que estamos regidos bajo un modelo de desarrollo basado en las
lógicas que establece el modo de producción capitalista en su fase actual de
mercado o neoliberal, por tanto cualquier modificación al modelo está enmarcada
dentro de los limites admisibles que permite la denominada democracia
capitalista. Lo que significa que no es posible efectuar transformaciones
estructurales al MC y que solo son factibles ajustes menores que no lastimen
los interés del capital. Y esta no ha sido ni será la opción que adopte Peñalosa.
La segunda, el MC está pensado desde esta lógica solo como el modelo de
ordenamiento del territorio, por lo que colocan todos los acentos en las
modificaciones al POT. Sin embargo, el MC está asociado al de sociedad que
deseamos y que queremos, por tanto sus elementos no son solamente los relativos
a los componentes físico espaciales sino que demandan la materialización y
realización de todos los derechos. Por ello el Modelo debe estar plasmado en el
goce efectivo del derecho a la ciudad y el territorio que incluye, entre otros:
el derecho al territorio (y la tierra), a los medios de subsistencia, al
trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, a la vivienda, a la
protección social, a la seguridad social, al medio ambiente sano, al
saneamiento (y a servicios públicos), al transporte público (y a la movilidad),
al ocio y a la información, a la libertad de reunión y organización, al respeto
a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural, al respeto a
los inmigrantes y la garantía de la preservación de la herencia histórica y
cultural, al desarrollo de zonas dotacionales, bienes y servicios urbanos y
centralidades, a una relación asertiva con la institucionalidad, y a la
garantía de los derechos humanos, con seguridad y convivencia, entre otros.
Han transcurrido 16 años de la ciudad que
nos prometió Peñalosa y Bogotá ha
cambiado significativamente. Metrovivienda no generó el suelo para la Vivienda
de Interés Social –VIS– y para la Vivienda de Interés Prioritario –VIP– que
requería. La ciudad sigue creciendo de modo informal (pasamos de contar con
1.365 barrios de origen informal en el 2000 a 1.737 en 2015 (Sdht), el mercado
no produce la vivienda requerida para la población de bajos ingresos y continúa
privilegiando el uso del suelo urbano disponible en su poder para el desarrollo
de proyectos de altas rentas.
A esto se suma, la ampliación de la
segregación socioeconómica y espacial de la ciudad, con nuevas recetas bajo la
lógica de los procesos de gentrificación y con la profundización del desarrollo
predio a predio, ahora, bajo el ropaje de los llamados planes parciales.
Asimismo, el suelo urbanizable disponible está acaparado por promotores
inmobiliarios y constructores, dispuesto este para atender, además de los proyectos
comerciales y de vivienda de altas rentas los llamados proyectos u operaciones
estratégicas para el mercado y los capitales transnacionales (Aeropuerto El
Dorado, Innovo, Ciudad Salud, Nuevo Usme).
Con la herencia del POT aún vigente, la
ciudad se expande indefinidamente. Segrega la vivienda para la población de
menos ingresos, que ocupa las áreas periféricas con problemas de riesgo y
vulnerabilidad indistintamente de su condición ambiental, propende por la
apropiación del suelo en favor del interés particular, y protege que la
renovación urbana ha de ser agenciada por grandes capitales, entre otros
aspectos.
Para 2016, el POT y su modelo de ciudad
evade los grandes conflictos territoriales presentes y futuros, entre ellos el
agotamiento del área del basurero de Doña Juana, la imposibilidad de
eliminar las explotaciones mineras dentro de la ciudad, la no disposición de
suelo urbanizable para la VIS y VIP, los problemas de movilidad derivados de la
imposición de Transmilenio como única alternativa, los efectos ambientales,
sociales y económicos derivados de la profundización del modelo de ciudad
basada en el mercado, y los proyectos con respecto a la ampliación de Bogotá
sobre los municipios próximos a la ciudad, la expulsión de población de
territorios consolidados en los cerros orientales y barrios próximos al centro
de la ciudad, la crisis del modelo de agrupación y propiedad horizontal, entre
otros.
Continuamos con una mirada de ciudad que
considera la región como su patio trasero y establece su deber ser, no
entendiendo la complementariedad entre la ciudad y la región sino como su
competencia. Debemos sumarle a los “logros” del MC vigente el fracaso de los
denominados instrumentos de gestión urbana y del suelo (plusvalías, curadurías
urbanas, etcétera) establecidos por la ley 388/97, sin que logren cumplir los
propósitos redistributivos de equidad y solidaridad planteados, así como la
prevalencia del interés general sobre el particular.
Bogotá, 13 de abril de 2016
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