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| by Aquilino Cotes Zuleta. Ya ven ustedes al ubérrimo Uribe quien trata de restaurar el imperio fascista de sus dos presidencias, aunque muchos le apuestan a que algún día será conducido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que responda por los falsos positivos y el quebrantamiento de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, que estuvo a punto de hacer añicos.
Mis consejeros
periodísticos Tío Chiro y Tío Nan están estupefactos, término que usa con
frecuencia el médico internista Rony López Pérez, por tantas reformas y
convocatorias que pululan en el país, que dan risa y a la vez rabia e
impotencia.
Ya ven ustedes al
ubérrimo Uribe quien trata de restaurar el imperio fascista de sus dos
presidencias, aunque muchos le apuestan a que algún día será conducido ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que responda por los falsos
positivos y el quebrantamiento de los poderes del Estado: ejecutivo,
legislativo y judicial, que estuvo a punto de hacer añicos.
Pero no cambia el
panorama en la región y pareciera que las medidas de esta República
presidencialista se fraguan en las administraciones locales.
Este periódico queda
estrecho para citar tantas normas constitucionales y legales que cada día
violan los “picaros”, los corruptos y muchos de nuestros políticos que no
respetan el dolor y la dignidad ajena.
Mis consejeros
periodísticos Tío Chiro y Tío Nan traen a colación el decreto 366 que habla de
que la educación debe ser con pertinencia y aclara que pertinencia es darle a
cada quien lo que necesita. Pero eso no es así en Valledupar ni en los
municipios del Cesar y La Guajira.
Para los niños y jóvenes
de escuelas y colegios esas normas se cumplen a medias. Docentes y padres se
ríen cada vez que los funcionarios regionales citan a las comunidades para
hablar de las bondades y espíritu de cada norma.
Lo más lamentable es
que “le caen al caído”. Me refiero a los niños y jóvenes discapacitados de
Valledupar, contra quienes pareciera que existe una marcada persecución para
avasallarlos y dejar en sus padres lo que el Estado por mandato Constitucional
debe darles.
Hace unos días en una
de las tantas reuniones que ha auspiciado la Alcaldía con funcionarios de
Bogotá para leer los programas que el Estado tiene para los discapacitados,
especialmente para los sordos, una docente se levantó de su silla indignada y
les restregó en la cara a los funcionarios que todo era mentira.
Les explicó que los
sordos para su educación necesitan de un modelo lingüístico y un profesor de
apoyo en lengua castellana para la básica primaria; para la básica secundaria
requieren de un profesor de área y un intérprete de Lengua de Señas
Colombianas.
La docente recordó que
en dos ocasiones se encontró con el Alcalde Socarrás y le informó del
inconveniente que tenían los niños sordos en las instituciones del CDV y el
“José Eugenio Martínez”. El Alcalde le dijo a su asistente Miguel que le diera
una cita. Días después la docente se acercó en dos ocasiones a la Alcaldía pero
ese funcionario nunca la pudo atender a pesar de haberle dejado una nota
recordándole que era idea del Alcalde lo de la cita.
En diciembre le
pidieron al Secretario de Educación que los contratos de los docentes, para los
sordos, no se deben hacer por 6 meses como el año pasado sino por el año
lectivo.
Sin embargo, este año
(2013) cuando se acercaron a la Secretaría de Educación Municipal nadie dio
razón, el secretario llamó a un funcionario de nombre Ricardo, este dice que el
asunto no es con él sino con Nolasco, pero éste último no estaba en la oficina.
Es decir, están en la Alcaldía de aquí pa´ allá y de allá pa´ cá y nada que
elaboran los contratos y hoy es 6 de marzo.
El pasado 26 de febrero
se acordó una cita con la Primera Dama del Municipio y no se cumplió por
problemas de salud de la Primera Dama.
Lo espeluznante es que
los niños oyentes de municipio de Valledupar iniciaron el año escolar el 21 de
enero; pero, los niños sordos no han comenzado, porque no cuentan con los
profesores para que les brinden la educación con calidad y pertinencia, como
debe ser.
En la “Institución
Educativa José Eugenio Martínez” hay 13 sordos matriculados en bachillerato
pero como no cuentan con intérpretes ellos asisten pero no oyen lo que los
profesores explican, es como si no asistieran a clases.
Además, hay 27 niños
sordos de preescolar y primaria en el CDV que son atendidos solo por la maestra
bilingüe. Es decir, que en las dos instituciones faltan 4 intérpretes y dos
modelos lingüísticos.
Pese a lo grave del
problema nadie tiene en cuenta el fallo de la Corte Constitucional que señala:
Sentencia T-051/11 Referencia: expediente T-2650185… que si un solo niño sordo
requiere de un intérprete y un modelo lingüístico, el Estado está en la
obligación de proporcionárselo. Ojalá alguien elabore los contratos. Hasta la
próxima semana.
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