La historia de Colombia ha sido atormentada por robos al erario público, corrupción y escándalos, que quedan en la impunidad. Esta podredumbre en Colombia tiene las constantes siguientes:
1ª Reformar la Ley. Quienes proponen Reformas para detener este flagelo, son los cómplices encubiertos de los saqueos. Con las leyes y entes estatales se tiene para prevenir, investigar, judicializar, encarcelar a los responsables. No más Reformas, Acciones.
2ª Impunidad. Los fraudes al erario Público quedan en total impunidad. A pesar de los anuncios de “… se iniciaran exhaustivas investigaciones para aclarar los hechos, sin importar llagar hasta las últimas consecuencias.”
3ª Reformas Tributaria. El dinero de los hurtos tiene que salir de alguna parte, son los colombianos quienes terminan pagando los chanchullos, con las anuales Reformas Tributarias, mediante alzas de: IVA, 4 x mil, la gasolina, servicios públicos, agua, energía, predial.
4º Préstamos Internacionales. En el peor de los casos, condicionados a requisitos más onerosos para alcanzar la Pensión; más gravámenes, desregularización, concesiones de recursos naturales y energía.
5ª Vender o Liquidar las Empresas Estatales. Por desfalcos, robos, se liquidan o venden los entes estatales, luego el Estado, los vuelve a comprar, liquidar y vender, es una ‘espiral sin fin’ que repite cada Presidente. Aducen que son las cargas laborales, salarios, prestaciones, convenciones colectivas, Pensiones, lo que conlleva a liquidar las empresas del estado. El gobierno nunca admite que la corrupción, las prebendas, los altos salarios de la clientela de los lagartos políticos, sean los culpables, porque se estaría incriminando.
6ª Ineficientes, Incapaces, Inútiles o Cómplices. Es suficiente para atajar la descomposición: La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, superintendencias, la defensoría, auditoría, contaduría, contraloría nacional, departamentales, municipales, procuraduría, fiscalía, juzgados, tribunales, cortes, personerías, unidades de control interno más unidades disciplinarias, que tienen cada ente público, adicional los contadores, economistas, administradores, ingenieros, interventores, abogados de planta o como calificados asesores, por contrato prestación servicios.
6ª Ineficientes, Incapaces, Inútiles o Cómplices. Es suficiente para atajar la descomposición: La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, superintendencias, la defensoría, auditoría, contaduría, contraloría nacional, departamentales, municipales, procuraduría, fiscalía, juzgados, tribunales, cortes, personerías, unidades de control interno más unidades disciplinarias, que tienen cada ente público, adicional los contadores, economistas, administradores, ingenieros, interventores, abogados de planta o como calificados asesores, por contrato prestación servicios.
7ª Robos que no se ven, pero están a la vista. Peajes. El 4% de aporte para Salud que le roban a los Pensionados, después de 25, 30 años de pagar un Seguro. La eliminación de la mesada 13. 4xMil. Tasas fijas en cuentas de servicios públicos. Tasas de Interés en Tarjetas de crédito. Préstamos bancarios. Tasas de Usura. Cuota fija de tarjeta débito y por uso en cada servicio de ésta.
8ª Voces aisladas. Las denuncias por corrupción, generalmente, provienen de periodistas y nimiamente de ‘Servidores Públicos’, a riegos de perder la pauta publicitaria, el empleo o la Vida.
9ª “Perseguidos Políticos”. Los imputados de los Robos y sus defensores, afirman que la investigación se debe a “Persecución Política del gobierno de turno”. Con los millones robados, se van a vivir al exterior y piden Asilo Político.
0º Las firmas auditoras investigadas por casos de corrupción. Estos entes ‘zombis’ tenían que haber notado, prevenido, detectado los movimientos financieros que derivaron en los diferentes hechos de corrupción que se produjeron después. Firmas que investiga la Junta Central de Contadores por acción anti ética y penal:
Reficar y CB&: Price Waterhouse Cooper y Ernst and Young.
Navelena: La contadora es Mariela Patricia Marroquín Aragón y su revisor fiscal es Diego Armando Lara de Price Waterhouse Cooper, junto con KPMG.
Constructora Norberto Odebrecht S.A: El contador público es Héctor William Santos Jiménez y su revisor fiscal es Camilo Reyes, de Price Waterhouse Cooper.
Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S: El contador es el mismo de Odebrecht, Héctor William Santos, y su revisor fiscal es Diego Armando Lara, de Price Waterhouse Cooper.
Concesionario Ruta del Sol: La contadora es Luz Ángela Gutiérrez Hernández y su revisor fiscal Luis Jovany Gómez Forero de Price Waterhouse Cooper.
Estraval: La contadora Marisela Triana Quintero y su revisora fiscal es Rosalba Janeth Morroy.
Élite: Las contadoras son Luz Astrid Bernal Espinosa y Luz Miriam Buitrago, y su revisora fiscal es Shirley Andrea Pulido que pertenece a Moore Stephens, junto con Global Consultant Group S.A.S.
1º Los más Escandalosos.
1968 Fadul y Peñalosa. Miguel Fadul, Gerente del IFI y Enrique Peñalosa, padre, Gerente del Incora, por el lío de la compra de unas tierras en Ayapel, Córdoba, finca Las Catas, de propiedad de la familia Ospina Vásquez de Medellín.
1938 Handel. López. Alfonso López Michelsen, tumba un Presidente. Se aprovechó al vender las acciones de la empresa Handel, la mayor accionista de Bavaria, que estaban congeladas por la ocupación Nazi, y pertenecían a alemanes, judíos holandeses y europeos, obteniendo significativas ganancias, por lo que su padre, Alfonso López Pumarejo, Presidente de Colombia, renunció a su condición de mandatario.
1974-1978 Ventanilla Siniestra. López. Todo comenzó con Alfonso López Michelsen. Abrió ‘la ventanilla siniestra’, un lavadero oficial de ‘dineros calientes’, y el fútbol colombiano inició su segundo Dorado. Durante su gobierno implementó un plan para la compra de divisas, esto se conoció como “ventanilla siniestra” del Banrepública, se hacían grandes compras de dólares sin preguntar por el origen. En esta oficina del Banco podrían cambiar sus dólares, sacados de sus actividades ilícitas sin mayor problema. La ventanilla siniestra, aumentaba la masa monetaria circulante, lo que repercutía problemas de índole económico, entre ellos grandes problemas inflacionarios.
Durante su gobierno fue famoso el caso de la finca La Libertad, los viajes de su familia utilizando el avión presidencial, lo cual dio origen a que el humorista Klim, se refería al Fonsi Jet.
1982 Primera Reunión con Narcos. López. López acompañado de Ernesto Samper, en su 2da campaña presidencial, se reunió en el hotel Intercontinental de Medellín, con los capos del narcotráfico del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los Ochoa, Luis Ocampo. Según trascendió de sus declaraciones, los narcotraficantes apoyaron financieramente su campaña. Al ser interrogado por el ingreso de “los dineros calientes” a su campaña de reelección de 1982, respondió que él “no usaba termómetro para tomarle la temperatura al dinero”. “Ponía a pensar al país”. Esta mentalidad facilitó el ascenso de las clases emergentes y su asociación con amplios sectores de las clases pudientes.
1984 Segunda Reunión con Narcos. López. Luego del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, López se reúne con un grupo de narcos: Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa, clan Ochoa, "El Mexicano", Carlos Lehder, Santiago Londoño White, coordinador de su campaña en Antioquia, en el Hotel Marriot de Panamá, para que fuera intermediario de un ofrecimiento al gobierno, buscando una amnistía para los narcos, a cambio, de pagar la deuda externa del país, desactivar su red de distribución de droga, denunciar los sitios de procesamiento de la coca y repatriar sus capitales.
La tolerancia del gobierno de López, continuó con Turbay Ayala 1978-82 y estimulada por la generosa irrigación de beneficios a quienes negociaban con ellos desde la legalidad: propietarios de mansiones y fincas que las vendieron a alto precio, corredores de bolsa que amasaron fortunas con el lavado de dólares en la economía, empresarios que recibieron inversiones con bajos costos de capital para esconder ganancias ilegales, los banqueros, donde se depositan estos dineros.
1983 El robo de 13.5 millones de dólares al Ejercito. Roberto Soto Prieto se robó esta suma de las cuentas especiales de las fuerzas armadas, en el Chase Manhattan Bank de Londres. A pesar de que ocurrió el 11 de mayo de 1983, el robo solo se descubrió en octubre de 1994, cuando el general Miguel Vega Uribe solicitó información sobre los réditos de la cuenta. Soto debió ser condenado en ausencia, pues había pedido “Asilo Político” en Austria. Lo detuvieron en Alemania por narcotráfico, condenaron a 9 años y medio de prisión. Soto se desempeñó como secretario General del mindesarrollo y viceministro de esa cartera en 1976, fue Jefe de Comercio Exterior del minrelaciones y secretario asistente de asuntos económicos de la Cancillería.
2º El más Magno.
2006 Reficar. Refinería de Cartagena. Ecopetrol.
Robo: $12 billones de pesos, usd$4.000 mil millones de dólares. Es el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional en 2016, que se terminaran de pagar los colombianos en el año 2046, según la contraloría. Génesis. Decreto 1760 de 2003 Conpes 3312 de 2004 y 3336 de 2005. Contexto. Desfalco y sobrecostos de la obra en el megaproyecto de la ampliación de la refinería de Cartagena, que se realiza con el fin de disminuir la dependencia en materia de combustible. Consecuencias. La concentración de la actividad en contratistas comunes con Chicago Bridge and Iron CB&I y Foster Wheeler. La partida de CB&I sin rendir cuentas ante la Contraloría. La cantidad de sobrecostos en el proyecto, debido al incremento de los materiales, la producción y la entrada en operación. La consolidación de una feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones.
La Contraloría detectó sobrecostos injustificados en la modernización de la refinería de Cartagena en 2015, la procuraduría había iniciado investigaciones disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su responsabilidad en el detrimento patrimonial.
¿Absueltos? o ¿Impunes? La Fiscalía en diciembre de 2016, comunicó que quedaban exentos de responsabilidad penal a: Mauricio Cardenas y Juan Carlos Echeverri en investigación penal sobre el desfalco iniciada en enero del 2016, en los a archivos de Reficar y de los contratistas de la obra, así como de la investigación de la Contraloría.
¿A Condenar? A finales de abril de 2017, el Fiscal, anunció imputación de cargos a 8 ejecutivos de Reficar: 2 expresidentes, 1 Vicepresidente Jurídico, 1 Revisor Fiscal y 6 representantes de los contratistas Downstream Ecopetrol 2008, grupo legal Reficar y CB&I; todos ellos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad en documentos. Así mismo, se llamó a indagatoria de 8 personas, entre ellos 2 expresidentes de Ecopetrol, y 13 a declaración jurada, buscando más responsables. Según el fiscal, el costo del peculado está en el orden de $610.000 mil millones, cifra que difiere de la presentada por la Contraloría.
¿Que pasa con la junta directiva de Ecopetrol?
2017 Escándalo de Llanopetrol. Robo $18.000 mil millones. En mayo 19 se imputo cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol. Se les acuso de apropiarse ilícitamente de más de $18.000 mil millones durante el mandato del gobernador Jara entre los años 2012 y 2015, quien sería responsable de revivir el proyecto. La fiscalía dijo que los detenidos seguían órdenes de altos cargos y que esperaba emitir más órdenes de captura a más responsables. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.
3º Cartel de la Justicia
1991-1996. FONCOLPUERTOS.
Robo: $2,5 billones. Todo comenzó cuando jueces y magistrados decidieron unirse con empleados de Foncolpuertos para robar al Estado, reconociendo millonarias pensiones de más de $25 millones mensuales a exempleados de Puertos de Colombia. Se cree que en un lapso de 5 años se emitieron 55 sentencias reconociendo pensiones ilegales. Fueron condenadas penalmente 825 personas, entre servidores públicos y del común, por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación, concierto para delinquir, pero Luis Hernando Rodríguez, el gerente liquidador de la empresa del estado "Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones, Foncolpuertos, fue condenado a 13 años de prisión en el 2007, sin embargo, es pensionado del gobierno, como viudo de la senadora asesinada Martha Catalina Daniels. El caso fue discutido ampliamente en el Congreso de Colombia, en el que se destacaron las palabras de la senadora Ingrid Betancur, acusando directamente a los presidentes Samper y Gaviria.
1.997-2012 0 corrupción judicial ¿?
2013 Carrusel de Pensiones del Consejo de la Judicatura.
Robo: $3.500 mil millones. Escándalo destapado por la Magistrada de la Judicatura, María Mercedes López Mora, al descubrir que magistrados colegas de esta corporación nombraron, a familiares y personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de Cámara cuestionada desde la absolución de Samper en el caso del llamado "Proceso 8000" estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso. Pese a ello, la Contraloría abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al estado en más de $3.500 mil millones, investigación que fue anulada por la Corte Suprema, al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes, el fiscal de estos magistrados, al igual que el del Presidente y el Vicepresidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara y quien los destituye de sus cargos es el Congreso para que luego sean investigados, ya sin investidura, por parte de los respectivos entes de control.
2013 Caso Villarraga.
Fallos a $400 millones en 2013. En octubre de 2013, unas grabaciones fueron reveladas. En una de ellas, hay una conversación entre el entonces magistrado de la Judicatura, Henry Villarraga, y el coronel r Róbinson González del Río posteriormente condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales, donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones; del Río tenía 2 investigaciones en su contra, una por "falsos positivos" asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros y otra por presuntas irregularidades en contratación. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo al que, iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y la posibilidad de lograr, al parecer, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial retirado por falsos positivos quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde todos los militares investigados son absueltos. La investigación quedó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso, provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el sanado, renuncia aceptada por el congreso en pleno, sin condena alguna y las pensiones siguen vigentes.
2015 Escándalo en el sistema judicial de Barranquilla.
En agosto fueron capturados 11 miembros de la rama judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, todos por concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada, falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas a procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes de la ciudad a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.
2016. Reelección Ordoñez.
El Consejo de Estado anulo la reelección del procurador Ordoñes, con 14 votos a favor y 6 en contra. Argumentó fallas en su postulación y elección al cargo. 1º En la Constitución no existe la figura de reelección de procurador, quien ya había sido elegido para el periodo 2009-2013; 2º La votación para elegir Procurador no debió haber ocurrido pues una de las integrantes de la terna, había renunciado a su postulación; 3º La designación de Ordóñez como candidato de la Corte Suprema había sido irregular pues los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz, quienes participaron en su elección, habrían violado una inhabilidad al tener familiares trabajando en el ente de control disciplinario.
2014 Fallos a $450 millones en 2014 ¿?
2015 Caso Pretelt. Fidupetrol.
Fallos a $500 millones en 2015. En febrero de 2015, el magistrado constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la cámara contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien habría pedido $500 millones, al abogado Víctor Pacheco, para fallar una tutela que debía resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol.
Tanto Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, como Hélber Otero, gerente de la sociedad, fueron condenados a 2 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos. El juez que recibió el soborno, el magistrado Jorge Pretelt, fue suspendido y enfrenta un proceso en la Corte Suprema.
La acción de tutela de Fidupetrol, buscaba revertir una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma pagar una suma de $22.500 mil millones, al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental, por este hecho, fue condenado en 2013 el gobernador de Casanare, Whitman Porras. Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el senado lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado. En consecuencia, el ya magistrado Pretelt pasó a juicio por cohecho en la corte suprema. Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el magistrado Rodrigo Escobar Gil, el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano y el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero; a los 3 se les imputó tráfico de influencias. Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del magistrado Pretelt con el presidente y Senador Uribe.
2017 Escándalo en la Justicia del Meta.
En redada en Villavicencio, la Dijin, concluyó con la captura de 2 fiscales, 2 jueces, 1 exjuez, 1 médico de medicina legal entidad estatal encargada de la actividad forense, 1 asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, 2 investigadores del CTI y 1 exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, en teoría, debieron llevar a la cárcel hace tiempo a integrantes de BACRIM del Meta.
Al mismo tiempo, la Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la Justicia, entre ellos, 3 magistrados del Tribunal del Meta, funcionarios del Inpec, abogados y particulares; a todos ellos, por concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos servidores públicos conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de delitos como homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.
Al mismo tiempo, la Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la Justicia, entre ellos, 3 magistrados del Tribunal del Meta, funcionarios del Inpec, abogados y particulares; a todos ellos, por concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos servidores públicos conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de delitos como homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.
2017 Desfalco a Ecopetrol.
Robo $134.000 mil millones. El juez 4 laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, fue condenado por prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y enviado a prisión, luego de decidir varios fallos de tutela en favor de extrabajadores de Ecopetrol participantes de una huelga en 2004 que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales. La Fiscalía calcula pérdidas para la petrolera por $134.000 mil millones, además que en los procesos los reclamantes no se encontraban en la jurisdicción del circuito del juez. Por estos hechos, se encuentra en prisión el magistrado Félix María Galvis y próximamente será la imputación de cargos del magistrado Fernando Castañeda, el cual está prófugo. La condena de Rodríguez se conocerá el próximo 14 de septiembre.
2017 Fiscalía y Corte Suprema.
El 27 de junio fue capturado el CTI de la Fiscalía, en su propia oficina y frente a sus empleados, el que fuera hasta ese día el Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador; LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, acusado, junto al abogado Leonardo Pinilla, de pedirle dinero al gobernador, Alejandro Lyons, a cambio de desviar indagaciones que cursan en su contra por posible malversación de recursos que superan los $10.000 mil millones, de lo cual sería investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, concusión, revelación de secretos oficiales, de recibir sobornos para beneficiar al "Cártel de la Hemofilia" con el fin de que evitarán la cárcel y cumplieran su condena en casa, hoy en día permanecen en el pabellón de La Picota de Bogotá esperando ser extraditados a USA. La condena que Moreno podría enfrentar es de 8 a 15 años con rebajas de 6 años excarcelables. Lyons, quien pasó a ser cooperante del departamento de justicia de USA, denunció que Pinilla y el Jefe Anticorrupción Moreno quien apenas llevaba un mes en el cargo se le habían acercado para pedirle $100 millones a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA le preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dio a Lyons USD$10.000 dólares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos. La Fiscalía, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso al país. El Departamento de Justicia de USA descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones y una “adición” de USD$30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de USA. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradicción a Colombia, además de la investigación que se les abrió en el país por concusión. La Fiscalía ha procedido a capturar más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradicción por USA.
Moreno, luego de confesar su delito, atestiguo en la Fiscalía contra 2 magistrados de la corte José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, a los cuales USA les canceló la visa, manifestando que estos absolvieron a los senadores Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Musa Besayle de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y Pinilla, fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas; la investigación contra los magistrados está en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Por su parte, el senador Besayle admitió ante la Corte Suprema que, en efecto, pagó $2.000 mil millones al fiscal Moreno y al magistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolítica, de una cantidad inicial de seis mil millones solicitada por estos.
4º Bogotá ‘Carruseles de la Contratación’.
1990 a 1992 Alcalde de Bogotá.
Juan Martin Caicedo Ferrer y Marcela Airó de Jaramillo secretaria de Hacienda, fueron condenados por robo al tesoro público de Bogotá. Caicedo Ferrer haciendo mal uso de los mal llamados auxilios en su época repartió presupuestos de manera irregular a entidades privadas, concejales y contratistas. La lista de concejales implicados en este carrusel de auxilios y obras a medias incluyó en su momento a un arsenal de vigentes y reconocidamente políticos dados al arte del CVY, el MTC y la compra-venta de conciencias y votos entre los que se incluían a los todavía activos en política y que hacen parte de las moralistas huestes conservadoras Telésforo Pedraza y Omar Mejía Báez y a los retirados Ricaurte Lozada, Marta Luna, Dimas Rincón, Flor Elba Cárdenas, Jaime Casabianca, Rafael Forero Fetecua urbanizador pirata, especializado en la venta de lotes baldíos con escrituras falsas a familias de escasos recursos, Guillermo Morales y Bernardo Ordóñez.
2000 Losas Transmilenio.
Andrés Camargo Ardila, director del IDU y María Elvira Bolaño asesora del IDU, de la primera alcaldía de Peñalosa, condenados a 85 meses de prisión, por lo delitos de peculado culposo y celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, por las irregularidades que se presentaron en la contratación y el mal funcionamiento de las construcción de la troncal y losas del Transmilenio Fase II en la Autopista Norte con la firma Conciviles. Así mismo se condenó al constructor Alberto Otoya y al interventor Álvaro Silva fajardo por peculado culposo a 10 meses y quince días, sin derecho a excarcelación. Actualmente las baldosas de la fase II de Transmilenio Caracas, Autopista norte, Calle 80, Suba, Eje ambiental y Américas, son algunas de las más destruidas de las 3 fases que se encuentran en funcionamiento. Siendo el sector más afectado la Avenida Caracas que atraviesa la ciudad de norte a sur.
2004 Vía Bogotá-Girardot. GRUPO NULE.
Robo: $170.800 mil millones. Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Génesis. El Inco les da la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot, uno de los proyectos viales más relevantes del país. Dos años más tardes comienzan a sonar en la prensa, ya que las primeras acusaciones por evasión de impuestos les empiezan a llover. Por irregularidades en la ejecución del contrato para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Bosa- Granada-Girardot, suscrito entre dicha entidad pública y la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot. Afectación social. Que la autopista Bogotá-Girardot cuente con retrasos e ineficiencias en su ejecución perjudica de manera inmediata a quienes transitan por la vía. Los retrasos incrementan la estructura de costos y de este modo afectan a futuro los recursos públicos provenientes de los aportes de los ciudadanos vía impuestos. Vinculados: -Luis Carlos Ordosgoitia-Álvaro José Soto García-Alfredo Pérez Santos-Julio César Arango Garcés-Álvaro Escalante Rodríguez-Juan Manuel Martínez Paz-Manuel Francisco Nule Velilla-Miguel Eduardo Nule Velilla-Guido Eduardo Nule Mariño -Miguel David Bonilla España-Jaime Fernando Ortiz Díaz-Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A.-MVN S.A. en liquidación judicial-Vergel y Castellanos S.A.-Álvarez y Collins S.A.-Ingenieros Proyectos Consultorías IPC SAS-Enrique Dávila Lozano EDL SAS-Consultoría Colombiana S.A.-B & C S.A.
2007 Transmilenio Calle 26. GRUPO NULE.
Robo: $156.000 mil millones. Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano IDU. La Odebrecht colombiana. Pese a los de sobornos, el emporio Nule ganó el contrato de la calle 26 que giraba en torno a los $315 mil millones. Este caso provocó que el diario El Tiempo revelara que no cumplirían con las fechas de entrega, además, afirmaron que los hermanos habían obtenido un préstamo por parte de la DNE para la vía Bogotá-Fusa. Dadas todas sus irregularidades e incumplimientos en 2010 se declararon 5 de sus empresas en banca rota y en el 2011 se les convocó a una audiencia por 5 delitos. Recientemente los implicados en este caso han sido llamados para declarar por el caso Odebrecht. Génesis. Irregularidades en la celebración del contrato IDU número 137 de 2007, suscrito el 28 de diciembre, entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, integrada por Tecnología e Ingeniería Avanzada S. A., Condux S. A., Megaproyectos S. A., Mainco S. A., Bitácora Soluciones Ltda., Translogistic S. A. Dicho contrato corresponde al grupo de cuatro obras licitadas por el IDU mediante licitación pública número Idu-Lpdg022-2007. Contexto. Los hermanos Nule, contratistas, reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados, llevar a cabo el manejo de proyectos tales como la vía Bogotá – Girardot, y sobre todo Transmilenio – Calle 26, este último, dejando una deuda aproximada de $156 mil millones. A partir de allí, se descubrió el manejo y la gran cantidad de negocios que tenían se daba a partir del denominado Carrusel de la contratación, donde cada uno de los contratistas pedía por adelanto las comisiones ante el Distrito, donde se realizaba la entrega de un 8% de comisión para altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Consecuencias. El retraso de las obras de Transmilenio por la calle 26 afectando tanto a los ciudadanos como a los contratistas que estuvieron involucrados para tomar el proyecto. Las fallas del Estado en la contratación pública, en la revisión del manejo de contratos en la parte de concesiones viales. La afectación de la movilidad durante el tramo de 3 años en Bogotá. La pérdida de credibilidad y prestigio en la administración y sistema jurídico en la Alcaldía de Bogotá. Afectación social. Los bogotanos son las víctimas. Sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público fueron vulnerados. En los actos de corrupción derivados de la contratación, provenientes de la construcción de la Troncal de Transmilenio sobre la calle 26. Afectada. La ciudadanía bogotana y la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y en el sistema jurídico.
Vinculados. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso.-Luis Eduardo Garzón -Liliana Pardo Gaona -Néstor Eugenio Ramírez Cardona -Inocencio Meléndez Julio -María Clemencia Cantini Ardila -Luis Eduardo Montenegro Quintero -Carmen Elena Lopera Fiesco -Luis Esteban Prada Bretton -Aldemar Cortés Salinas -María Natalia Laurens Acevedo -Carmen del Rosario Silgado Rodríguez -Nicolás José Giraldo Bedoya -Giovanny Adolfo Arenas Beltrán -Manuel Francisco y Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Alberto Nule Mariño -Miguel Ángel Morales Russi, el contralor distrital-Germán Olano, congresista, condenado. Samuel Moreno, Alcalde, condenado a 24 años -Iván Moreno Rojas, senador, condenado a 14 años de cárcel.
Vinculados. Más de 110 personas han sido procesadas por el caso.-Luis Eduardo Garzón -Liliana Pardo Gaona -Néstor Eugenio Ramírez Cardona -Inocencio Meléndez Julio -María Clemencia Cantini Ardila -Luis Eduardo Montenegro Quintero -Carmen Elena Lopera Fiesco -Luis Esteban Prada Bretton -Aldemar Cortés Salinas -María Natalia Laurens Acevedo -Carmen del Rosario Silgado Rodríguez -Nicolás José Giraldo Bedoya -Giovanny Adolfo Arenas Beltrán -Manuel Francisco y Miguel Eduardo Nule Velilla -Guido Alberto Nule Mariño -Miguel Ángel Morales Russi, el contralor distrital-Germán Olano, congresista, condenado. Samuel Moreno, Alcalde, condenado a 24 años -Iván Moreno Rojas, senador, condenado a 14 años de cárcel.
2011 Recolección de basuras en Bogotá.
Robo: $348.000 mil millones. Entidad afectada: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. Génesis. El proceso de estructuración de la Licitación Pública 01 de 2011, que debió adelantar la UAESP para los servicios de recolección, barrido y limpieza de Bogotá. El desarrollo de actividades que hacen parte de las obligaciones pactadas con los operadores del servicio de aseo en los contratos de concesión. La contratación celebrada por la UAESP con recursos obtenidos vía tarifa, cubriendo gastos de funcionamiento por fuera del presupuesto aprobado y autorizado por la UAESP. El sistema de información integrado del Sistema de Información Integrado del Servicio de Aseo SIISA. Afectación social. Los bogotanos son los afectados, pues los recursos con los que se realizó la contratación fueron obtenidos de las tarifas que ellos mismos pagan por la recolección de residuos y se afirma que se destinaron a gastos no aprobados en el presupuesto de la entidad. Vinculados. -Gloria Lucía de la Candelaria Ospina Sorzano-César Augusto Villamil Gómez-José Róbinson Gómez Trejos-Fabiola Ramos Bermúdez-Victoria Eugenia Virviescas Calvete-Tanny Liliana García Lizarazo-Gerardo Enrique Cuenca Melo-Miriam Margoth Martínez Díaz-Juan Carlos Junca Salas-Fiduciaria Bancolombia.
2016 Escándalo en la Contraloría de Bogotá.
La Fiscalía expidió orden de captura, contra 3 funcionarios de la Contraloría de Bogotá, debido a unas grabaciones, donde se expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones a un interventor de obras, para archivarle una investigación por irregularidades encontradas en auditorías hechas por el ente fiscalizador. La Fiscalía descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital, en cabeza de estos funcionarios.
Irregularidades por contratación "a dedo" de fundaciones "de papel" y de "objeto social amplio" de parte de alcaldías locales o menores, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos regulares de licitación establecidos por la ley. La Fiscalía ordenó la captura de alcaldesas de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó el delito de celebración indebida de contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300.000 mil millones a razón de $15.000 millones por localidad, se busca determinar cuánto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".
2017 Caso Judy Pinzón.
El 17 de mayo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá pidió a la Personería Distrital realizar indagaciones correspondientes por irregularidades en la contratación con 5 alcaldías locales por parte de la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario Fundesco, dirigida por la concejala Judy Pinzón. Fundesco logró contratos superiores a los $4.300 mil millones; en un documento Fundesco contrato con las alcaldías para instalar equipos de cómputo, campañas de prevención contra la violencia, la celebración del bicentenario de una localidad. Pinzón, Directora de Fundesco fue condenada, junto a 2 concejales, a 6 años de prisión en 2004, además de 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de $100 millones para modificar el Código de Policía permitiendo las ventas ambulantes.
2008-2014 Odebrecht.
Cantidad hasta el momento: 11,5 millones de dólares. En 2015 en Brasil se captura a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora. Mediante sobornos, esta multinacional brasileña obtenía jugosos contratos para la construcción de grandes obras.
Las campañas presidenciales del 2014 de Santos y de su rival Óscar Iván Zuluaga, recibieron un millón de dólares y 1,6 millones de dólares, respectivamente, según la Fiscalía, que aseguró en una carta al Consejo Electoral que tiene elementos y documentos que le permiten concluir "certeramente" que Odebrecht asumió costos en las campañas presidenciales de ambos.
En Colombia hay 4 capturas por los sobornos de Odebrecht por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, cohecho: -Rodrigo Aldana, Fiscal -Alberto Cardona, ingeniero y contratista -Otto Bula, senador -Gabriel García Morales, viceministro de Transporte.
La Fiscalía comprobó que García Morales exigió la suma de USD$6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizar que fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo 2, excluyendo a otros competidores.
La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de enero en contra del senador Otto Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el senador obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht es parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de USD$4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio que se logró el 14 de marzo de 2014. La Fiscalía imputó cargos al senador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito. El proceso aún continua en etapa de investigación, en búsqueda de más implicados y capturas.
En mayo de 2017, se le imputaron nuevos cargos a Bula por cohecho y asociación para cometer delitos contra la administración pública, al supuestamente entregar un apartamento en el norte de Bogotá al fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana a quien en abril le fueron imputados los cargos de cohecho propio, prevaricato por omisión, concertación para cometer delitos contra la administración pública, para que emitiera una resolución de extinción de dominio a 3 haciendas en el departamento de Córdoba.
5º 1990-1994
1980-1992 El Guavio. Robo $ 15.000 mil millones. Fabio Puyo Vasco el único condenado por el multimillonario desfalco al Estado en la construcción de la central hidroeléctrica en Cundinamarca. La Represa EL GUAVIO. Localizada a 120 kilómetros de Bogotá, esta presa busca desarrollar la parte inferior del río Guavio. Esta planta es la segunda más grande de Colombia, tiene una capacidad de 1213 MW y entre las empresas que participaron en su construcción se encuentran: ICA de México, Termotécnica de Colombia, Consorcio Vianni de Italia y Entrecanales y Távora de España. Puyo Vasco es acusado por desfalco al Estado con esta central hidroeléctrica por el inmenso costo y los largos plazos de entrega. En agosto 25 de 1994, la Fiscalía dictó detención a Puyo, éste se voló del país y a pesar de ser arrestado en USA 2 años, nunca pisó la cárcel porque su caso fue resuelto con una fianza de 8 mil dólares. Vive en España desde los 90.
1990 Escándalo de Commsa. Pleito iniciado por el estado en los años 1990 con la firma española Commsa, que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, debido a la no construcción de una carretera clave para el país, la Troncal del Magdalena, del cual Commsa ofreció pagar una indemnización de $119 mil 987 millones para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del estado denunciaban que este podría perder dinero, y en consecuencia haber detrimento patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora. Al final, se concretó el acuerdo y las investigaciones por el supuesto detrimento patrimonial se archivaron.
6º 1994-1998
1994-1998 Proceso 8000. Samper “todo fue a mis espaldas”. El escándalo estalló en abril de 1995. A raíz de unas grabaciones entregadas por la Dea al derrotado candidato presidencial Andrés Pastrana y luego presentadas por este a los medios, se destapo el escándalo conocido como “proceso 8000”, por la injerencia de dineros del cartel de Cali en la campaña que llevó a la Presidencia a Ernesto Samper. El 15 de agosto de 1995 le tocó el turno al mindefensa y jefe de la campaña de Samper, Fernando Botero, quien fue puesto en detención en la Escuela de Caballería del Ejército por haber recibido Botero unos 8 millones de dólares del cártel de Cali, gran parte de la cual se robó.El 22 de enero de 1996, ocho meses después de su detención, Fernando Botero se decidió a hablar, delatando que esas reuniones, contaban con la participación de Ernesto Samper, del actual gobernador de Santander, Horacio Serpa y Rodrigo Pardo.El Cartel de Cali ‘unto’ con su dinero a todo tipo de personajes. Se investigó y condenó a prisión a periodistas, artistas, dirigentes del fútbol, funcionarios públicos, congresistas, candidatos, ministros en el mandato de samper. Este proceso se abrió cuando se descubrió el financiamiento del Cartel de Cali a la campaña del entonces candidato presidencial Samper; al ser el presidente en ejercicio, se adujo equívocamente, A pesar que cuando recibió el dinero no era presidente, que no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Mogollón: Luego de 4 años de su periodo presidencial y con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo y encarcelado, la Cámara de Representantes aprobó la preclusión sugerida por la Comisión de Acusaciones y absuelve de manera polémica al presidente Samper, archivando el proceso. Igual, En una visita de Samper a USA, en el avión presidencial se encontraron varios kilos de heroína.
Mogollón: Luego de 4 años de su periodo presidencial y con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo y encarcelado, la Cámara de Representantes aprobó la preclusión sugerida por la Comisión de Acusaciones y absuelve de manera polémica al presidente Samper, archivando el proceso. Igual, En una visita de Samper a USA, en el avión presidencial se encontraron varios kilos de heroína.
1998 Escándalo de Termorrío. Corelca (Gendelca y Transelca) electrificadoras, fortines burocráticos de los políticos de la Costa, debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de Arbitramento, condena a la Nación a pagar la suma de 60.3 millones de Dólares, por concepto de indemnización al Consorcio Termorío S.A. E.S.P., por el incumplimiento de un contrato por parte de Electranta, empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energía de propiedad del estado. Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda de interés social VIS del Gobierno. Por este escándalo, la justicia condenó a 134 meses de prisión al superserviciospúblicos, Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a Marlén Valderrama, por peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, además de una multa de $111 millones a cada uno.
7º 1998-2002
1986 La maleta de Fonseca. Diego Pardo Koppel y el Cartel de Cali. Están relacionado con el extravío de una maleta con 250 mil dólares que fue a parar a Nueva York, episodio por el cual debió renunciar Pardo en 1986 a la Alcaldía de Bogotá, un mes después de ser nombrado por Belisario, y tras admitir que había recibido honorarios de Guillermo Rodríguez Orejuela para testimoniar en Nueva York contra las autoridades colombianas.
1999 Banco del Estado. Robo $15 mil millones. El banco del Estado era una empresa estatal. Miembros del CTI detuvieron a Henry Avila, quien se desempeñó como presidente de la entidad estatal, acusado de prestar en forma irregular más de $15 mil millones para a tan sólo 9 personas y sin tener las garantías reales del caso. Avila rindió indagatoria ante la Fiscalía y pasó de acusado a acusador y denunció que sus antecesores se robaron más de $70 mil millones de esa entidad oficial.
De igual forma, fue capturado Diego Pardo Koppel, embajador de Colombia en México y alcalde de Bogotá, quien está sindicado de haber obtenido en forma irregular un préstamo de $400 millones y 2 compromisos bancarios, para importar automóviles, cada uno por $600 millones del Banestado. Como Pardo Koppel no cumplió con sus obligaciones, la firma automotriz hizo efectivas las garantías y así los $1.200 millones tuvieron que ser pagados por el Banestado. Pardo pago parte de las acreencias con pauta publicitaria a través de dos programadoras de televisión en el canal regional de Teveandina, en la programadora Prisma T.V. en donde era socio Pardo Koppel, con 400 minutos de pauta publicitaria y entregó a otra programadora del mencionado canal, un lujoso automóvil a cambio de 125 minutos adicionales de comerciales, que endosó al Banco del Estado para completar el pago.
Pardo regresó al país para darle sus explicaciones al presidente Andrés Pastrana, aunque siguió manteniendo su domicilio en México. Al ser consultado por los hechos dijo: Es una persecución política.
1999 Escándalo de Chambacú. En el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó también a funcionarios de las administraciones de Gaviria y Samper, se acusó a los mindesarrollo, Fernando Araujo y Luis Alberto Moreno de aprovechar sus cargos, para negociar en términos favorables a la entonces entidad estatal encargada de los proyectos de Vivienda de Interés Social del INURBE, y al Consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado "Chambacú" en Cartagena, desalojando a la población que estaba en el lugar, formando asentamientos irregulares de extrema pobreza, conocido también como Chambacú. El sector era codiciado desde hace años por su estratégica ubicación entre los principales atractivos turísticos de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurallada o Centro Histórico. El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo denunciando el drama de 35 familias afros que, a través del Estado, habían sido desalojadas de los terrenos de Chambacú trasladándolas a otro sector conocido como Papayal, del cual no apareció registro catastral en el Instituto Codazzi entidad del estado que maneja el inventario nacional de inmuebles públicos y privados del país. Alfonso Gómes, fiscal y Jaime Bernal Cuellar, procurador abrierpn indagaciones penales y disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los funcionarios involucrados en el escándalo, entre ellos, Araujo y Moreno. Precluyeron los cargos contra Fernando Araujo y Luis Alberto Moreno, director del BID
1999 Escándalo de Dragacol. Robo $3.8 billones. El pago de $1.2 billones de un contrato firmado entre entidades del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A Dragacol, en marzo de 1999. Dragacol no cumplió con el contrato para la ejecución de dragados en el canal del Dique de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura. En la conciliación laboral entre Dragacol y el Mintrabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso por el senador Javier Cáceres Leal ‘Chuzo a los corruptos’, condenado por el escándalo de la parapolítica.
Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos. todos absueltos, -Alfonso Campo Soto, actuando como ministro encargado, autorizó el contrato 98 de mayo 11 de 1995 para el dragado y limpieza del río Magdalena por $6.794 millones. - Juan Gómez Martínez, El 27 de diciembre de 1995 autorizó un otrosí para incrementar en un 30% el valor del anticipo del contrato 0098. Ocurrió lo mismo en el caso de los contratos 0234 del 20 de octubre de 1994 por $7.464 millones, y el 286 con Germán Villegas gobernador del Valle por $7.500 millones. - Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa, autorizaron el contrato 217 de noviembre 17 de 1996 el cual estipulaba el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por $400 millones. - Rodrigo Marin Bernal, inició una conciliación con Dragacol por cerca de $3.8 billones. - Mauricio Cárdenas, autorizó la conciliación cuando Dragacol pretendía demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca, pero luego se retractó y pidió anularla. -Reginaldo Bray. Gestionó la conciliación a nombre de Dragacol, de la que era gerente y dueño. Después de 10 años que duró todo el proceso 13 jueces vieron el caso, algunos de los cuales se declararon impedidos para juzgar, Bray fue declarado inocente al no haber una "prueba contundente" por un Juzgado 3 Penal del Circuito de Bogotá acusado del delito de peculado por apropiación de $17 mil millones. -Juan Alberto Páez, entonces vicetransporte participó el comité de conciliación. -Hugo Escobar, abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación. Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director Marítimo de la Dimar. De los $26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los $4.000 mil millones. Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable solidario al ministro Mauricio Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998. La decisión de vincular al ministro fue posteriormente revocada por la Corte Constitucional.
Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos. todos absueltos, -Alfonso Campo Soto, actuando como ministro encargado, autorizó el contrato 98 de mayo 11 de 1995 para el dragado y limpieza del río Magdalena por $6.794 millones. - Juan Gómez Martínez, El 27 de diciembre de 1995 autorizó un otrosí para incrementar en un 30% el valor del anticipo del contrato 0098. Ocurrió lo mismo en el caso de los contratos 0234 del 20 de octubre de 1994 por $7.464 millones, y el 286 con Germán Villegas gobernador del Valle por $7.500 millones. - Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa, autorizaron el contrato 217 de noviembre 17 de 1996 el cual estipulaba el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por $400 millones. - Rodrigo Marin Bernal, inició una conciliación con Dragacol por cerca de $3.8 billones. - Mauricio Cárdenas, autorizó la conciliación cuando Dragacol pretendía demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca, pero luego se retractó y pidió anularla. -Reginaldo Bray. Gestionó la conciliación a nombre de Dragacol, de la que era gerente y dueño. Después de 10 años que duró todo el proceso 13 jueces vieron el caso, algunos de los cuales se declararon impedidos para juzgar, Bray fue declarado inocente al no haber una "prueba contundente" por un Juzgado 3 Penal del Circuito de Bogotá acusado del delito de peculado por apropiación de $17 mil millones. -Juan Alberto Páez, entonces vicetransporte participó el comité de conciliación. -Hugo Escobar, abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación. Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director Marítimo de la Dimar. De los $26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los $4.000 mil millones. Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable solidario al ministro Mauricio Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998. La decisión de vincular al ministro fue posteriormente revocada por la Corte Constitucional.
8º 2002- 2010
2010 Dirección Nacional de Estupefacientes. DNE. Robo: $30.000 mil millones. Carlos Albornoz Guerrero, director de la DNE, denunciado por entregas irregulares de narcobienes. Con él, otros 13 congresistas fueron acusados de intercambiar favores a costa del Estado para su beneficio personal. Tras este escándalo la DNE fue cerrada.
El torcido se destapó por una investigación hecha sobre los bienes incautados a Pablo Escobar, que se entregaron a Roberto Escobar Gaviria, alias "El Osito", hermano de Escobar. "El Osito" habría retomado el control de esos bienes a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron entre si contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito de servidores públicos y la complacencia del Gobierno Nacional.
Ese mismo "modus operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y jefes mafiosos en los bienes incautados a través de extión de dominio y entregados en custodia a la DNE. La solución del gobierno fue liquidar la DNE;
La Fiscalía investigó penalmente, a 41 personas, entre directores, subdirectores, servidores públicos y asesores de la DNE, así como congresistas, los cuales, por su cargo, debían ser investigados por la Corte y particulares que actuaban como testaferros e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de los implicados. Se descubrió que el sistema F.A.R.O Fácil Acceso, Rápido y Oportuno, que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos. Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, filial de la empresa de Central de Inversiones S.A. CISA, encargada de negociar activos de y para el Estado. A 2016, aún continua la exhaustiva investigación en busca de más implicados.
La Fiscalía investigó penalmente, a 41 personas, entre directores, subdirectores, servidores públicos y asesores de la DNE, así como congresistas, los cuales, por su cargo, debían ser investigados por la Corte y particulares que actuaban como testaferros e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de los implicados. Se descubrió que el sistema F.A.R.O Fácil Acceso, Rápido y Oportuno, que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos. Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, filial de la empresa de Central de Inversiones S.A. CISA, encargada de negociar activos de y para el Estado. A 2016, aún continua la exhaustiva investigación en busca de más implicados.
Camilo Bula, director de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, salpicado por el informe y también tenía sus recomendados.
La fiscalía presentó pruebas de la entrega de bienes de la mafia para mantener el respaldo político a 13 congresistas, la mayoría del partido conservador y abogados. Estos son:
1 Álvaro Ashton Giraldo.
2 Hernán Andrade. Presidente del partido conservador, la fiscalía reveló que controlo una inmobiliaria en Santa Marta y otros predios en Baranoa y Barranquilla que pertenecían a testaferros del cartel del Norte del Valle. De acuerdo con la Fiscalía, sería Armanio Alberto Iglesias Flórez la cuota de Andrade en la DNE, Iglesias quedó depositario de 3 bienes rurales, 16 sociedades en Barranquilla, 16 establecimientos de comercio y 17 inmuebles, todo de los narcotraficantes Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar Jassir.
3 Miryam Alicia Paredes Aguirre. En resoluciones de la DNE le delegan a su hermano Luis Gonzalo la administración de varios bienes y sociedades como la Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda o de Inversiones Rodríguez Ramírez;
4 Javier Enrique Cáceres Leal.
Los congresistas nariñenses
5 Óscar Fernando Bravo Realpe.
6 Eduardo Enríquez Maya. Recomendo el nombramiento de un depositario para los bienes del narcotraficante Daniel Bustillos. Además, hizo nombrar en la DNE a Doris Amanda Rodríguez como encargada del fondo Frisco.
7 Miguel Pinedo Vidal. Cacique político del Magdalena
8 Enrique Rafael Caballero.
9 Lucero Cortés. Personas cercanas son depositarios administrando 5 carros y 2 fincas, una en la sabana de Bogotá,
10 Héctor José Ospina Avilés.
11 Omar Yepes Alzate. Senador conservador caldense, intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales, según reportes de fiscales antimafia
12 Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera. Congresista del Choco.
13 Luis Humberto Gómez Gallo.
1 Álvaro Ashton Giraldo.
2 Hernán Andrade. Presidente del partido conservador, la fiscalía reveló que controlo una inmobiliaria en Santa Marta y otros predios en Baranoa y Barranquilla que pertenecían a testaferros del cartel del Norte del Valle. De acuerdo con la Fiscalía, sería Armanio Alberto Iglesias Flórez la cuota de Andrade en la DNE, Iglesias quedó depositario de 3 bienes rurales, 16 sociedades en Barranquilla, 16 establecimientos de comercio y 17 inmuebles, todo de los narcotraficantes Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar Jassir.
3 Miryam Alicia Paredes Aguirre. En resoluciones de la DNE le delegan a su hermano Luis Gonzalo la administración de varios bienes y sociedades como la Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda o de Inversiones Rodríguez Ramírez;
4 Javier Enrique Cáceres Leal.
Los congresistas nariñenses
5 Óscar Fernando Bravo Realpe.
6 Eduardo Enríquez Maya. Recomendo el nombramiento de un depositario para los bienes del narcotraficante Daniel Bustillos. Además, hizo nombrar en la DNE a Doris Amanda Rodríguez como encargada del fondo Frisco.
7 Miguel Pinedo Vidal. Cacique político del Magdalena
8 Enrique Rafael Caballero.
9 Lucero Cortés. Personas cercanas son depositarios administrando 5 carros y 2 fincas, una en la sabana de Bogotá,
10 Héctor José Ospina Avilés.
11 Omar Yepes Alzate. Senador conservador caldense, intervino para designar un depositario a quien se le adjudicó la finca La Argentina, en Manizales, según reportes de fiscales antimafia
12 Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera. Congresista del Choco.
13 Luis Humberto Gómez Gallo.
2002-2010 Racha de Escándalos. El periódico El Nuevo Siglo de Bogotá, hizo a grandes rasgos un resumen de los escándalos de corrupción y de los delitos en que el gobierno 2002-2010 se incurrió, en desarrollo de sus 8 años de gestión. Un manto de corrupción por la comisión de varios delitos cubre al entorno más próximo del cuestionado presidente, quien dejó al país desinstitucionalizado. En menos de un 1 de haber salido del poder, los escándalos que han salido a la luz pública han estremecido a la opinión pública y demuestran el talante y la catadura de una gestión que utilizó el gobierno para favorecer sus intereses y los del gran capital. Con escándalos de gran magnitud que tiene en la cárcel a altos servidores públicos. Bernardo Moreno secretario de Presidencia, Mario Aranguren director de la Unidad de Análisis e Información Financiera UIAF, Jorge Noguera director del DAS, Andrés Felipe Arias minagricultura. Seguramente irán más integrantes de ese gobierno a prisión dada la gravedad de los desafueros cometidos durante los 2 periodos.
030
Megafraude a la Dian. Robo más $2 billones. Desfalco billonario perpetrado por empresas de exportaciones ficticias que pedían reintegro de recursos por concepto de devolución del IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones.
Megafraude a la Dian. Robo más $2 billones. Desfalco billonario perpetrado por empresas de exportaciones ficticias que pedían reintegro de recursos por concepto de devolución del IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones.
029
Megadesfalco en Salud. Fraude millonario al sistema de aseguramiento en salud, mediante una red de corrupción que se especializó en el recobro ilícito al Fosyga.
Megadesfalco en Salud. Fraude millonario al sistema de aseguramiento en salud, mediante una red de corrupción que se especializó en el recobro ilícito al Fosyga.
028
Préstamos a floricultores. Peligrosa concentración de millonarios créditos en el sector floricultor que fue autorizada por los ministros Fernández y Arias. Se indicó que miles de millones de pesos están embolatados.
Préstamos a floricultores. Peligrosa concentración de millonarios créditos en el sector floricultor que fue autorizada por los ministros Fernández y Arias. Se indicó que miles de millones de pesos están embolatados.
027
“Piñata" en títulos mineros. Hubo un alud de autorizaciones anómalas de títulos mineros, por lo la minería ilegal se disparó en todo el país.
“Piñata" en títulos mineros. Hubo un alud de autorizaciones anómalas de títulos mineros, por lo la minería ilegal se disparó en todo el país.
026
Desorden en Incoder. En los procesos de adjudicación de tierras y detectó entrega de miles de hectáreas a testaferros de narcotraficantes, paramilitares y a la clientela política.
Desorden en Incoder. En los procesos de adjudicación de tierras y detectó entrega de miles de hectáreas a testaferros de narcotraficantes, paramilitares y a la clientela política.
025
Los Nule. El escándalo que involucró al grupo Nule en Bogotá salpicó al gobierno Nacional, por los nexos de antiguos altos funcionarios con los cuestionados y presos empresarios. Caso concreto señalamientos al secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y a directores de la Dian.
Los Nule. El escándalo que involucró al grupo Nule en Bogotá salpicó al gobierno Nacional, por los nexos de antiguos altos funcionarios con los cuestionados y presos empresarios. Caso concreto señalamientos al secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y a directores de la Dian.
024
Contratación Vial. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra el mintransporte, Andrés Uriel Gallego, archivado por fallecimiento del implicado, por presuntas irregularidades en la actividad contractual de esa cartera.
Contratación Vial. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra el mintransporte, Andrés Uriel Gallego, archivado por fallecimiento del implicado, por presuntas irregularidades en la actividad contractual de esa cartera.
023
Desorden carcelario. Anomalías en materia de prisiones. Dudas sobre licitaciones, construcciones y ampliaciones de penales.
022
Flexibilización del régimen penitenciario. En el pabellón de los parapolíticos.
021
Escándalo del 'Tolemaida Resort'.
Desorden carcelario. Anomalías en materia de prisiones. Dudas sobre licitaciones, construcciones y ampliaciones de penales.
022
Flexibilización del régimen penitenciario. En el pabellón de los parapolíticos.
021
Escándalo del 'Tolemaida Resort'.
020
Falsas desmovilizaciones. Quedaron al descubierto casos de falsas desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares, al punto que el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, terminó en la mira de Fiscalía y Procuraduría y hoy se encuentra prófugo de la justicia.
Falsas desmovilizaciones. Quedaron al descubierto casos de falsas desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares, al punto que el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, terminó en la mira de Fiscalía y Procuraduría y hoy se encuentra prófugo de la justicia.
019
Narcos desmovilizados. El extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, dijo que pagó dineros a congresistas para que lo hicieran meter al proceso de desmovilización paramilitar.
Narcos desmovilizados. El extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, dijo que pagó dineros a congresistas para que lo hicieran meter al proceso de desmovilización paramilitar.
018
Nuevo envión a parapolítica. La Corte Suprema profundizó pesquisas por nexos entre congresistas y parlamentarios con grupos paramilitares. Múltiples condenas y nuevos imputados.
Nuevo envión a parapolítica. La Corte Suprema profundizó pesquisas por nexos entre congresistas y parlamentarios con grupos paramilitares. Múltiples condenas y nuevos imputados.
017
Isagén.
018
Electricaribe.
017
017
Térmicas. Más de USD $7.000 mil millones del Cargo por Confiabilidad “embolatados” por las generadoras de electricidad.
016
Aeropuerto café.
015
La gata.
014
2004 Compra de Reelección. Yidispolítica. A partir de las condenas penales por cohecho propio a los congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por parte de la Corte Suprema, quedó judicialmente demostrado que existieron ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del gobierno a cambio del voto favorable al proyecto de reforma constitucional que le permitió a Uribe aspirar a un segundo mandato presidencial. El Alto Tribunal expidió copia de los expedientes a los organismos judiciales con el fin de que se adelantarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos que participaron de los hechos, entre quienes se encuentran Diego Palacio Betancourt, minprotecciónsocial y Sabas Pretelt de la Vega, mininterior y de Justicia y embajador en Italia. Este es, por mucho, el hecho de corrupción más importante en la historia reciente del país, no sólo porque genera profundos cuestionamientos sobre la legitimidad y la legalidad de todo el segundo mandato del presidente Uribe, sino también por lo que implicó la figura de la reelección para el diseño institucional la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del Presidente de la República, en lo que relativo a los efectos frente al nombramiento de organismos de control, la desigualdad manifiesta entre el presidente-candidato y los demás candidatos y el acceso a los recursos del Estado en el época de campaña, por mencionar sólo algunos.
2004 Compra de Reelección. Yidispolítica. A partir de las condenas penales por cohecho propio a los congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por parte de la Corte Suprema, quedó judicialmente demostrado que existieron ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del gobierno a cambio del voto favorable al proyecto de reforma constitucional que le permitió a Uribe aspirar a un segundo mandato presidencial. El Alto Tribunal expidió copia de los expedientes a los organismos judiciales con el fin de que se adelantarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos que participaron de los hechos, entre quienes se encuentran Diego Palacio Betancourt, minprotecciónsocial y Sabas Pretelt de la Vega, mininterior y de Justicia y embajador en Italia. Este es, por mucho, el hecho de corrupción más importante en la historia reciente del país, no sólo porque genera profundos cuestionamientos sobre la legitimidad y la legalidad de todo el segundo mandato del presidente Uribe, sino también por lo que implicó la figura de la reelección para el diseño institucional la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del Presidente de la República, en lo que relativo a los efectos frente al nombramiento de organismos de control, la desigualdad manifiesta entre el presidente-candidato y los demás candidatos y el acceso a los recursos del Estado en el época de campaña, por mencionar sólo algunos.
La Corte Suprema determinó que Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas en Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitiría, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Yidis Medina fue sentenciada a 47 meses de detención domiciliaria por cohecho. Además de la congresista, en el 2015 fueron condenados altos funcionarios del gobierno, Sabas Pretelt, Digo Palacios ambos a 80 meses de prisión y a 60 meses, el secretario de la Presidencia Alberto Velásquez. Por este caso, también fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus. Si Medina hubiera votado en contra, el proyecto de reelección se habría caído.
013
2006 La Parapolítica. Escándalo de corrupcción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paramilitares posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las AUC, mediante un documento firmado por los implicados y conocido por la opinión pública como el Pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el director del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado. Se condeno a más de 50 congresistas; además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.
2006 La Parapolítica. Escándalo de corrupcción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paramilitares posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las AUC, mediante un documento firmado por los implicados y conocido por la opinión pública como el Pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el director del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado. Se condeno a más de 50 congresistas; además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.
012
2007 Invercolsa. Ecopetrol. Fernando Londoño Hoyos renuncio al mingobierno en medio de un escándalo miedoso por la adquisición ilegal de acciones de la firma Invercolsa y el 8 de febrero de 2007 fue condenado a restituir las acciones. Hoy, Londoño impulsa el Referendo contra la corrupción y la politiquería”. ¿Qué tal?
2007 Invercolsa. Ecopetrol. Fernando Londoño Hoyos renuncio al mingobierno en medio de un escándalo miedoso por la adquisición ilegal de acciones de la firma Invercolsa y el 8 de febrero de 2007 fue condenado a restituir las acciones. Hoy, Londoño impulsa el Referendo contra la corrupción y la politiquería”. ¿Qué tal?
011
2008 La Farcpolítica. En el marco de la Operación Fénix, que terminó con la muerte de, alias Raúl Reyes, de las FARC, donde fue abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba supuestamente la entonces senadora Piedad Córdoba con el seudónimo de «Teodora de Bolívar», el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». El investigador del grupo antiterrorista de la Dijin, Ronald Hayden Coy Ortiz, aceptó ante un juez especializado que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a posibles manipulaciones. Esto hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se pueda tomar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron manipulaciones a los equipos incautados. Sin embargo, este material fue suficiente para que el entonces Procurador, para que destituyera e inhabilitara de ejercer cargos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado.
2008 La Farcpolítica. En el marco de la Operación Fénix, que terminó con la muerte de, alias Raúl Reyes, de las FARC, donde fue abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba supuestamente la entonces senadora Piedad Córdoba con el seudónimo de «Teodora de Bolívar», el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». El investigador del grupo antiterrorista de la Dijin, Ronald Hayden Coy Ortiz, aceptó ante un juez especializado que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a posibles manipulaciones. Esto hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se pueda tomar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron manipulaciones a los equipos incautados. Sin embargo, este material fue suficiente para que el entonces Procurador, para que destituyera e inhabilitara de ejercer cargos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado.
010
2008 Falsos Positivos. Estalló a raíz de unas revelaciones hechas sobre el involucramiento de miembros del ejército en el asesinato de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la lucha contra grupos armados irregulares promovida por el gobierno y conocida como Política de Seguridad Democrática PSD. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida. Por dicha denuncia han sido destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del Ejército. Por este escándalo, el Comandante del Ejército, General Mario Montoya, pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue nombrado por el gobierno Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, los procedimientos de la PSD emprendida desde el gobierno.
La fiscalía tiene bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.
Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos. En abril de 2017, un juez condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.
2008 Falsos Positivos. Estalló a raíz de unas revelaciones hechas sobre el involucramiento de miembros del ejército en el asesinato de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la lucha contra grupos armados irregulares promovida por el gobierno y conocida como Política de Seguridad Democrática PSD. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida. Por dicha denuncia han sido destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del Ejército. Por este escándalo, el Comandante del Ejército, General Mario Montoya, pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue nombrado por el gobierno Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, los procedimientos de la PSD emprendida desde el gobierno.
La fiscalía tiene bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.
Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos. En abril de 2017, un juez condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.
009
2009 Las chuzadas. El 21 de febrero de 2009, se publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del DAS agencia de inteligencia del Estado, grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado. Una vez presentadas las pruebas por la fiscalía, la situación fue calificada de una «empresa criminal» dirigida desde la Casa de Nariño, por parte de representantes de la Corte Suprema. Por este caso, fueron capturados importantes funcionarios del gobierno, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. La cúpula del DAS se encuentra presa y condenada. La Procuraduría destituyó al secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno. Este escándalo fue determinante para que Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.
2009 Las chuzadas. El 21 de febrero de 2009, se publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del DAS agencia de inteligencia del Estado, grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado. Una vez presentadas las pruebas por la fiscalía, la situación fue calificada de una «empresa criminal» dirigida desde la Casa de Nariño, por parte de representantes de la Corte Suprema. Por este caso, fueron capturados importantes funcionarios del gobierno, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. La cúpula del DAS se encuentra presa y condenada. La Procuraduría destituyó al secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno. Este escándalo fue determinante para que Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.
008
2009 Carimagua. Andrés Felipe Arias minagricultura, revocó la entrega de 17.000 hectáreas en el Meta, pactada y a pesar del acuerdo 005 de septiembre de 2004 que establecio que el inmueble sería entregado a 700 familias víctimas de desplazamiento forzoso, por la violencia paramilitar y guerrillera.
Los empresarios en Bogotá hacian planes y cuentas para sembrar allí palma, caucho y madera, e incluso para proponerle al presidente que les venda el terreno, conocido como Carimagua. El minagricultura, asegura que es que ese predio no tiene infraestructura para recibir al grupo de desplazados. En cambio -dice Arias- en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados
2009 Carimagua. Andrés Felipe Arias minagricultura, revocó la entrega de 17.000 hectáreas en el Meta, pactada y a pesar del acuerdo 005 de septiembre de 2004 que establecio que el inmueble sería entregado a 700 familias víctimas de desplazamiento forzoso, por la violencia paramilitar y guerrillera.
Los empresarios en Bogotá hacian planes y cuentas para sembrar allí palma, caucho y madera, e incluso para proponerle al presidente que les venda el terreno, conocido como Carimagua. El minagricultura, asegura que es que ese predio no tiene infraestructura para recibir al grupo de desplazados. En cambio -dice Arias- en manos de los privados, Carimagua generará jugosos dividendos que luego serán reinvertidos en otras tierras para desplazados
007
2009 Agro Ingreso Seguro AIS. Robo: $12.700 mil millones. Entidad afectada: COLOMBIA - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Despilfarro y Pillaje. Se contrato y pago a los Grandes Medios de Comunicación y a prestigiosas Agencias de Publicidad, para diseñar, programar, implementar, mantener y actualizar la divulgación, Manejo de Imagén y campañas del programa AIS; Con empresas de Encuestas para: Asesoría, consultoría, realización, diseño, digitación, tabulación y análisis de Sondeos de opinión pública de los colombianos sobre el AIS, igual, que la elaboración de Vallas, pendones y pasacalles de diferentes tamaños y la producción y fabricación de pocillos, gorras, camisetas, manillas, calendarios, llaveros, botones, lapiceros, para promocionar el programa AIS. Macabramente, AIS era la plataforma financiada por el Estado para que Arias llegara al Solio de Bolívar.
Génesis. 1º Se investiga una supuesta gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la posible pérdida de recursos del Programa AIS en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología. 2º Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser inoportuna e ineficaz por la supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa AIS. Créditos al sector agropecuario- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro. Afectación social. Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Vinculados. -Andrés Felipe Arias Leiva, minagricultura. -Andrés Darío Fernández Acosta, minagricultura y Desarrollo Rural. -Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. -Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro. Consecuencias. -El sector ciencia – tecnología se vio afectado por la falta de recursos que permitirían mejorar la productividad y desarrollo en materia agraria. -Gran parte de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria al programa AIS afectando la inversión social. -La apropiación de $25.000 mil millones entre 4 familias y algunas pocas más, se destaca la familia Dávila, de subsidios destinados hacia campesinos medianos. La Fiscalía en las investigaciones sobre los desvíos de dinero determino que tenían como destino principal a políticos, empresas privadas y hasta al narcotraficante extraditado Ismael Pantoja Carrillo, alias el negro. Contexto. En el gobierno Uribe, el minagricultura, Arias, impuso uno de los programas más polémicos en la historia de Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para la ciencia y tecnología dentro del sector agropecuario. Agro Ingreso Seguro AIS, era el nombre de un programa del Ministerio de Agricultura que tenía como objetivo prestarle asistencia agrícola a campesinos, en teoría este iba a ser un programa para impulsar el sector agro de Colombia, pero esos recursos fueron destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegarán realmente a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Muchos de esos recursos se otorgaron a poderosas y millonarias familias. Es decir, era un programa que beneficiaría a campesinos pobres pero el dinero resultó en manos de los millonarios.
2009 Agro Ingreso Seguro AIS. Robo: $12.700 mil millones. Entidad afectada: COLOMBIA - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Despilfarro y Pillaje. Se contrato y pago a los Grandes Medios de Comunicación y a prestigiosas Agencias de Publicidad, para diseñar, programar, implementar, mantener y actualizar la divulgación, Manejo de Imagén y campañas del programa AIS; Con empresas de Encuestas para: Asesoría, consultoría, realización, diseño, digitación, tabulación y análisis de Sondeos de opinión pública de los colombianos sobre el AIS, igual, que la elaboración de Vallas, pendones y pasacalles de diferentes tamaños y la producción y fabricación de pocillos, gorras, camisetas, manillas, calendarios, llaveros, botones, lapiceros, para promocionar el programa AIS. Macabramente, AIS era la plataforma financiada por el Estado para que Arias llegara al Solio de Bolívar.
Génesis. 1º Se investiga una supuesta gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la posible pérdida de recursos del Programa AIS en gastos distintos a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología. 2º Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser inoportuna e ineficaz por la supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados para la administración de dineros para la ejecución, implementación y otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que integran el programa AIS. Créditos al sector agropecuario- Convenio 040 de 2010 suscrito con Finagro. Afectación social. Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Vinculados. -Andrés Felipe Arias Leiva, minagricultura. -Andrés Darío Fernández Acosta, minagricultura y Desarrollo Rural. -Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. -Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro. Consecuencias. -El sector ciencia – tecnología se vio afectado por la falta de recursos que permitirían mejorar la productividad y desarrollo en materia agraria. -Gran parte de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria al programa AIS afectando la inversión social. -La apropiación de $25.000 mil millones entre 4 familias y algunas pocas más, se destaca la familia Dávila, de subsidios destinados hacia campesinos medianos. La Fiscalía en las investigaciones sobre los desvíos de dinero determino que tenían como destino principal a políticos, empresas privadas y hasta al narcotraficante extraditado Ismael Pantoja Carrillo, alias el negro. Contexto. En el gobierno Uribe, el minagricultura, Arias, impuso uno de los programas más polémicos en la historia de Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para la ciencia y tecnología dentro del sector agropecuario. Agro Ingreso Seguro AIS, era el nombre de un programa del Ministerio de Agricultura que tenía como objetivo prestarle asistencia agrícola a campesinos, en teoría este iba a ser un programa para impulsar el sector agro de Colombia, pero esos recursos fueron destinados a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegarán realmente a los productores agrícolas y en general al apoyo y mejoramiento del sector agrario. Muchos de esos recursos se otorgaron a poderosas y millonarias familias. Es decir, era un programa que beneficiaría a campesinos pobres pero el dinero resultó en manos de los millonarios.
El escándalo estalló por irregularidades en el diseño e implementación del programa que debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó asignando subsidios rurales por más de $200.000 millones de pesos en 2009 a narcotraficantes y prestantes familias del Magadalena y del Valle, entre ellas la señorita Colombia Valerie Domínguez, su entonces novio, cuñada y suegros.
Condenas. Por el escándalo de AIS –que tiene tras rejas a varios empresarios y funcionarios del gobierno nacional –el minagricultura Arias 2005-2009 está hoy pedido en extradición por Colombia. En 2014, la corte condenó a Arias, estando prófugo en USA, a 17 años de prisión y a pagar una multa de 13 millones de dólares, hallándolo culpable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de terceros, según la justicia, terminó desviando millonarios recursos que debía dar en forma de subsidios y ayudas técnicas a los campesinos que quisieran trabajar la tierra, a algunas de las familias más ricas y poderosas del país. Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el ministro Arias escapó a USA, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradición a Colombia.
Perseguido Político. Arias, quien siempre se ha declarado inocente y dice ser una víctima de ‘persecución política’ por parte del gobierno de Santos, fue arrestado en agosto del 2016 en USA y en noviembre de 2016 año recibió la libertad bajo fianza.
006
2013 Santoyo. El General Retirado de la Policía, Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del presidente, quien estaba siendo investigado por narcotráfico en USA, admitió en una corte de Virgina haber ayudado a las AUC. Debido a la controversia, el presidente indicó que desconocía las "andanzas" de su funcionario y que estaba "decepcionado" de este, además de que no había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a general. Sin embargo, sectores políticos y los periodistas manifestaron que si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del presidente con el narcoparamilitarismo. Añadieron que, aparte de Santos mindefensa, Luis Carlos Restrepo Comisionado de Paz, prófugo de la justicia desde 2012 y el director de la Policía, Oscar Naranjo, también sabían de lo que hizo Santoyo. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la fiscalía ejecutó el proceso de extinción de dominio a todas las propiedades de Santoyo y su familia.
2013 Santoyo. El General Retirado de la Policía, Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del presidente, quien estaba siendo investigado por narcotráfico en USA, admitió en una corte de Virgina haber ayudado a las AUC. Debido a la controversia, el presidente indicó que desconocía las "andanzas" de su funcionario y que estaba "decepcionado" de este, además de que no había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a general. Sin embargo, sectores políticos y los periodistas manifestaron que si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del presidente con el narcoparamilitarismo. Añadieron que, aparte de Santos mindefensa, Luis Carlos Restrepo Comisionado de Paz, prófugo de la justicia desde 2012 y el director de la Policía, Oscar Naranjo, también sabían de lo que hizo Santoyo. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la fiscalía ejecutó el proceso de extinción de dominio a todas las propiedades de Santoyo y su familia.
005
2010-2014 Ley Urrutia - Zidres. La apropiación indebida de tierras conocida con el nombre de Ley Urrutia - Lizarralde, deja sin vigencia el artículo 72 de la ley 160 que establece claramente que los baldíos son para campesinos pobres y sin tierra. Busca legalizar la acumulación ilegal de baldíos en la altillanura y en todo el país, dejar abierta la puerta a la extranjerización de las tierras en Colombia, brindar “garantías jurídicas” a toda suerte de gamonales, terratenientes, especuladores financieros, rentistas y mafiosos que lavan dinero del narcotráfico acumulando tierras, se torna importante dimensionar el problema, cubicarlo, tenerlo claro, definir quiénes son sus beneficiarios, para identificar las acciones jurídicas y de movilización que lo confronten. El informe de la Contraloría indica las reales intenciones del gobierno.
2010-2014 Ley Urrutia - Zidres. La apropiación indebida de tierras conocida con el nombre de Ley Urrutia - Lizarralde, deja sin vigencia el artículo 72 de la ley 160 que establece claramente que los baldíos son para campesinos pobres y sin tierra. Busca legalizar la acumulación ilegal de baldíos en la altillanura y en todo el país, dejar abierta la puerta a la extranjerización de las tierras en Colombia, brindar “garantías jurídicas” a toda suerte de gamonales, terratenientes, especuladores financieros, rentistas y mafiosos que lavan dinero del narcotráfico acumulando tierras, se torna importante dimensionar el problema, cubicarlo, tenerlo claro, definir quiénes son sus beneficiarios, para identificar las acciones jurídicas y de movilización que lo confronten. El informe de la Contraloría indica las reales intenciones del gobierno.
El golpe demoledor fue cuando revelaron que el gobierno tramitaba una ley para legalizar los negocios hechos por su flamante embajador. Además, que Urrutia mismo habría participado en la redacción de ese proyecto ley junto con los abogados de los implicados. Entre ellos Néstor Humberto Martínez, hoy Fiscal, el abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Los congresistas bautizaron a la ley, Ley Urrutia. Con el escándalo tocando la puerta de la Casa de Nariño, Urrutia renunció. Pero la salida de Urrutia y varios ministros no desanimó al Gobierno de Santos que volvió a presentar la ley 6 veces hasta que por fin logró que se la aprobaran pero esta vez con el nombre de Ley Zidres.
Fueron más de 300 mil hectáreas las que se apropiaron multinacionales, políticos, empresarios, banqueros. Todos usando el mismo modelo jurídico.
2013 Riopaila y Carguill. Francisco Uribe Noguera diseño un entramado legal que le permitió a Riopaila y Carguill acumular tierras baldías en la altillanura colombiana. Brigard y Urrutia elaboro el esquema jurídico que le permitió a otros emporios económicos, apropiarse de miles de hectáreas de tierras baldías que la constitución y la ley se destinaban a los campesinos colombianos. Se comprobó que detrás de todo estaba el embajador de Colombia en Washington: Carlos Urrutia Valenzuela. Cómo se hizo. Uribe Noguera creó 27 compañías de papel de las cuales él era el representante legal y con cada una de ellas compró el límite legal permitido de baldíos. Esas empresas de papel, la mayoría recién creadas habían pagado $40 mil millones, cuando nunca habían operado y su capital social era ínfimo.
Para ocultar quien estaba detrás de la operación Uribe Noguera cedió sus 27 empresas de papel a 5 sociedades españolas controladas por Asturias Holding una empresa de Luxemburgo, un paraíso en el que las leyes impiden conocer la identidad de los verdaderos propietarios.
Pero un informe de la empresa de auditoría Deloitte & Touche, revisora fiscal de Riopaila, reveló que el verdadero dueño de la operación que había hecho Uribe era el ingenio azucarero Riopaila Castilla.
Además, la firma del embajador Urrutia y Uribe Noguera había usado la misma estrategia con Carguill, multinacional que compró 52.575 mil hectáreas en el Vichada.
Las revelaciones continuaron dejando al descubierto que Corficolombiana, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Pacho Santos, la familia Matos Barrera, Manuelita, Pacific Rubiales, Poligrow, Mónica Semillas, The Forest Group, entre otros. Aunque no habían sido asesorados por la firma de Uribe Noguera, habían copiado el modelo.
004
2006 Los Nule. Brigard & Urrutia. Brigard & Urrutia asesoró a 2 fondos “buitre” internacionales: Invertotal y Hansa Holdings LTD, que es una subsidiaria de Arco Capital Corporation, un fondo gringo e Invertotal es mexicano-americano, para que constituyeran la sociedad Solutions and Infrastructure Technologies, con un capital suscrito de $1 millón y un capital pagado de 0 pesos, no tiene junta directiva, Alberto Hernández es el gerente, constituida con el propósito exclusivo de tomar el control administrativo de las empresas de los Nule, que le deben a estos 2 fondos $80 mil millones desde 2007. Se intentaba blindar la plata de los Nule de los acreedores estatales, comenzando por Bogotá, otras ciudades, gobernaciones y la nación, que les dieron anticipos para obras que no se han entregado y que por este acuerdo tendrían que “hacer cola” detrás de estos fondos. Los Nule firmaran el acuerdo, los Fondos les prometían que se quedarían con el 25% de sus empresas si se salvaban.
2006 Los Nule. Brigard & Urrutia. Brigard & Urrutia asesoró a 2 fondos “buitre” internacionales: Invertotal y Hansa Holdings LTD, que es una subsidiaria de Arco Capital Corporation, un fondo gringo e Invertotal es mexicano-americano, para que constituyeran la sociedad Solutions and Infrastructure Technologies, con un capital suscrito de $1 millón y un capital pagado de 0 pesos, no tiene junta directiva, Alberto Hernández es el gerente, constituida con el propósito exclusivo de tomar el control administrativo de las empresas de los Nule, que le deben a estos 2 fondos $80 mil millones desde 2007. Se intentaba blindar la plata de los Nule de los acreedores estatales, comenzando por Bogotá, otras ciudades, gobernaciones y la nación, que les dieron anticipos para obras que no se han entregado y que por este acuerdo tendrían que “hacer cola” detrás de estos fondos. Los Nule firmaran el acuerdo, los Fondos les prometían que se quedarían con el 25% de sus empresas si se salvaban.
003
2006 Los Nule. Electrolima. El grupo Nule era propietario de Enertolima, de la empresa de energía de Pereira e iban por la Electrificadora del Cauca. Enertolima entro como operador de Electrolima, afectando la infraestructura eléctrica del Tolima, pesa a denuncias presentadas a María Eva María Uribe, Superintendencia de Servicios Públicos, Manuel Maiguasha viceministro de minas y Luis Ernesto Mejía miminas, candidato Vicepresidencial de Noemí y ministro estrella según Uribe, quienes no intervinieron.
2006 Los Nule. Electrolima. El grupo Nule era propietario de Enertolima, de la empresa de energía de Pereira e iban por la Electrificadora del Cauca. Enertolima entro como operador de Electrolima, afectando la infraestructura eléctrica del Tolima, pesa a denuncias presentadas a María Eva María Uribe, Superintendencia de Servicios Públicos, Manuel Maiguasha viceministro de minas y Luis Ernesto Mejía miminas, candidato Vicepresidencial de Noemí y ministro estrella según Uribe, quienes no intervinieron.
Resulta que el 50% de Enertolima y el 25 % de la empresa de energía de Pereira, no es de los Nule, sino de la empresa Solutions and Infraestructure Technologies Colombia S.A.S, que aparece como el dueño mayoritario de la empresa MNV y como un socio importante de Gas Kapital Gr. La Supersociedades en visita a las sociedades MNV y Gas Kapital al revisar el libro de accionistas, descubrió que éste había sido sustraído de la compañía sin ninguna explicación, que las empresas carecían de contabilidad desde marzo de 2010, que había habido una cesación de la actividad contable y tributaria. Un completo desorden financiero.
Los Nule tras 15 años de trayectoria, conformaron un emporio de más 35 empresas en los sectores de energía, agua y construcción; llegaron a participar en más de 86 consorcios para las diferentes licitaciones públicas; sus inversiones traspasaron las fronteras, además de varios países de América Latina, desarrollaron proyectos en España y en busca de recursos llegaron a China y Dubai. En su mejor momento facturaron más de 200 millones de dólares al año, y emplearon, directa e indirectamente a través de sus empresas, a unas 15.000 personas. Se convirtieron en las estrellas nacientes de la contratación pública del país. Algunos competidores que perdieron licitaciones frente a ellos, se atreven a decir que como los sobornos a servidores públicos, fueron parte integral de la fórmula del triunfo, lo implicaban un sobrecosto adicional que agravaba los problemas de liquidez.
002
2014 Andrómeda. Miembros del CTI allanaron un local en un sector residencial de Bogotá con el nombre de "Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada de una central de inteligencia del Ejercito, que realizaba interceptaciones de manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno con la FARC en el marco de los diálogos de paz de La Habana; en este lugar se hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias USD, planos de diagramas para crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos, entre otras cosas. En el allanamiento, el CTI capturó al hacker Andrés, quien supuestamente compró información de manera ilícita a Andrómeda sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial del entonces candidato del Centro Democrático Zuluaga. Un colaborador de Sepúlveda, Daniel Bajaña Barragán ecuatoriano, fue capturado por interceptar ilegalmente al vicepresidente Francisco Santos. En el caso de Andrómeda, la Fiscalía capturó a 3 miembros de la Fuerza Pública por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Andrés Sepúlveda, además de anunciar la captura de 4 miembros más. Finalmente, un informe de una comisión especial creada por el mindefensa, concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, hubo desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andrómeda, por lo que se determinó separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro de la Fuerza Pública. A pesar de estos hallazgos, la comisión ratificó que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.
2014 Andrómeda. Miembros del CTI allanaron un local en un sector residencial de Bogotá con el nombre de "Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada de una central de inteligencia del Ejercito, que realizaba interceptaciones de manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno con la FARC en el marco de los diálogos de paz de La Habana; en este lugar se hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias USD, planos de diagramas para crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos, entre otras cosas. En el allanamiento, el CTI capturó al hacker Andrés, quien supuestamente compró información de manera ilícita a Andrómeda sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial del entonces candidato del Centro Democrático Zuluaga. Un colaborador de Sepúlveda, Daniel Bajaña Barragán ecuatoriano, fue capturado por interceptar ilegalmente al vicepresidente Francisco Santos. En el caso de Andrómeda, la Fiscalía capturó a 3 miembros de la Fuerza Pública por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Andrés Sepúlveda, además de anunciar la captura de 4 miembros más. Finalmente, un informe de una comisión especial creada por el mindefensa, concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, hubo desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andrómeda, por lo que se determinó separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro de la Fuerza Pública. A pesar de estos hallazgos, la comisión ratificó que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.
001
2006 Ventajosos Negocios de los hijos del presidente. El escándalo de corrupción que mayor trascendencia mediática tuvo fue el relacionado con los negocios de sus hijos Tomás y Jerónimo, quienes compraron a Bavaria SABMiller -el gigante cervecero sudafricano- un terreno por $33 millones en el municipio de Mosquera, que en sólo 2 años pasó a valer $3.000 mil millones un incremento de 9.100% en virtud de las decisiones oficiales tomadas, 1º, por la Alcaldía de Mosquera, y 2º, por varios de los ministros y otros altos funcionarios del estado, al declarar la Zona Franca de Occidente en el lugar donde se encuentra ubicados dichos predios.
2006 Ventajosos Negocios de los hijos del presidente. El escándalo de corrupción que mayor trascendencia mediática tuvo fue el relacionado con los negocios de sus hijos Tomás y Jerónimo, quienes compraron a Bavaria SABMiller -el gigante cervecero sudafricano- un terreno por $33 millones en el municipio de Mosquera, que en sólo 2 años pasó a valer $3.000 mil millones un incremento de 9.100% en virtud de las decisiones oficiales tomadas, 1º, por la Alcaldía de Mosquera, y 2º, por varios de los ministros y otros altos funcionarios del estado, al declarar la Zona Franca de Occidente en el lugar donde se encuentra ubicados dichos predios.
Este hecho generó un debate ético sobre los diferentes negocios de los Uribe Moreno, quienes habían sido presentados ante la opinión pública como 2 exitosos jóvenes emprendedores, principalmente en el sector de las artesanías y del reciclaje de basuras con la firma Residuos Ecoeficiencia, pero que en virtud de su calidad de hijos del presidente obtuvieron enormes ventajas comerciales respecto de sus competidores.
Este caso fue otro de los más sonoros sobre la utilización de la investidura presidencial para aumentar las arcas de la familia Uribe Moreno y que tuvo su punto más álgido en julio de 2010, cuando la Corte Suprema instó a la Fiscalía a investigar a Tomás Uribe por la presunta injerencia en la asignación a un recomendado suyo de una notaría en la ciudad de Tunja, en un hecho que se suma al escándalo de ofrecimientos de prebendas para la reelección de su padre en 2006.
9º Seguridad Social - Pensión - Salud - Riesgos.
2014 Colpensiones. Una juez especializada de control de garantías envió a prisión a 8 de 11 personas capturadas por la Fiscalía las otras 3 se les dio detención domiciliaria por los delitos de concierto para delinquir, estafa, acceso abusivo, violación de datos personales y fraude procesal, debido a un desfalco cometido por estas personas, quienes laboraban como contratistas en la parte de sistemas de la entidad estatal encargada del Régimen de Prima Media para las pensiones en Colombia Colpensiones. La investigación comenzó el 8 de mayo de 2014, momento en el cual uno de los directivos de la entidad denunció presuntas irregularidades en el sistema informático de la empresa de pensiones. Se presume que los contratistas crearon una red delincuencial que cobraba por la modificación de los historiales laborales entre $10 y $100 millones, según la complejidad del trabajo y el ingreso que representara. Los contratistas crearon dos modalidades de delinquir: la 1ª, consistía en inventar desde cero el historial laboral de una persona que nunca hubiese estado afiliada al Seguro Social antigua entidad encargada del sistema pensional ni a Colpensiones; la 2ª, consistía en modificar el número de semanas cotizadas por trabajadores reales para que pudieran pensionarse antes de lo estipulado. La Fiscalía continúa la investigación.
2015 Desfalco a Colpensiones. Quindío. En noviembre fueron capturadas en Armenia por la Fiscalía 15 personas sospechosas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a quienes se les imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y estafa. Según las autoridades, los detenidos hacían parte de una banda integrada por 25 personas, quienes habrían conspirado para apropiarse de unos $1.400 millones de Colpensiones, aunque la cifra podría llegar a los $75.000 millones, debido a que la entidad fue defraudada durante varios años por esta "empresa criminal" encabezada por un abogado. Este buscaba a personas mayores que fueran pensionadas o estuvieran tramitando ese derecho argumentándoles que podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero adicional argumentando una discapacidad o invalidez. El sujeto y sus cómplices conseguían historias clínicas falsas de los reclamantes, en las cuales se incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para sustentar una presunta pérdida de capacidad laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades graves, crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los trámites ante la división correspondiente de Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se autorizaba el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba y la entidad negaba la solicitud, el abogado acudía a juzgados y con estos documentos falsos engañaba a los jueces para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar estas pretensiones.
2006 Desfalco a Cajanal. Los abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones de la liquidada entidad estatal Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, tramitando además de manera irregular ante la justicia estas pensiones de gracia para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más de $50 mil millones, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios años en total el desfalco podría sumar unos $600.000 millones de pesos colombianos, más de USD$ 220 millones en 2006. Los beneficiarios recibían el 50% del pago y los penalistas guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013 por el tribunal de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7 años y 6 meses a Guilombo Gutiérrez, además del pago de una multa a los 2 de $269 mil y $622 millones.
Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de fallos judiciales y con la complicidad de algunos jueces, lograron desfalcar en más de $5.000 mil millones a la desaparecida Cajanal, a través de cobros ilegítimos de acreencias laborales.
Este escándalo salpicó al senador Hernán Andrade, por lo que la Corte Suprema lo investigó en 2008, absolviéndolo en 2014 por falta de pruebas.
2016 Desfalco a Cajanal. Bolívar. En 2016 se abrió investigación por parte de la Fiscalía contra otro abogado que participó en otro desfalco a Cajanal en Cartagena, Manlio Aristio Barrios Buelvas, por la comisión de prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal en calidad de autor, como supuesto responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones en 2006. Según el ente acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil millones, la cifra ha aumentado con el pasar de los años y se calcula que se incrementó a 2016 en alrededor de $40 mil millones.
2011 Escándalo de la Salud. Fosyga. En mayo, Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde hace varios años que podrían superar no millones, sino billones de pesos en el minprotección. A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Minprotecciónsocial que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al Fosyga, con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia. Una de las modalidades de fraude consistía en “autorizarles los pagos a las EPS que habrían sido retenidos”; esto significa que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS, por el que responde directamente el Gobierno, lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro. Otra modalidad era colocar "personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin que las beneficiarias se enteraran". Por estas acciones fueron capturadas 7 personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS´s. Este hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS´s en Colombia se encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al FOSYGA que, debido al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto, las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y hospitales públicos y privados. En algunas EPS´s la crisis es tan grave que la Supersalud ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop, que eran en su momento las más grandes de país. Las deudas de las EPS´s a las clínicas y hospitales del país suman, a finales de 2015, unos $4 billones.
2011 Saludcoop. Robo: $1,7 billones. Entidad afectada: Ministerio de Salud. Vinculados. -Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente SaludCoop -María Carolina Lamus, -Alberto Castro Cantillo, -Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, -Eugenio Mejía Serna, directivos de Saludcoop EPS -Consultoría de Estrategias y Negocios S.A. -Estudios e Inversiones Médicas S.A. Hecho generador. La supuesta utilización indebida y contraria a las normas de los recursos parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud para fines distintos a los permitidos en beneficio de particulares. Afectación social. Los afectados son los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del régimen subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de servicios de salud. Se vulnera el derecho a la salud, elemento determinante de la vida. Contexto. El 11 de mayo de 2011, por resolución 0801 de la Supersalud, se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y haberes de la EPS Saludcoop.
Todo empieza a partir del seguimiento de la Contraloría, por el uso indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales mediante la desviación de $1.05 billones entre el periodo de 1998-2010. Otra de las razones que desató la polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los directivos por $6.000 millones, de los cuales $3.541 millones fueron al bolsillo del presidente Carlos Palacino en el periodo del 2005-2010. Consecuencias. -El sobreprecio de medicina y tratamientos para la atención de los usuarios de los servicios de la EPS. -La confusión de los recursos de medicina prepagada con los que integran el Plan Obligatorio de Salud en beneficio de los privados. -La falta de pago de los servicios de salud a los proveedores, que se registraba como utilidad. -El traslado de aproximadamente cuatro millones quinientos mil pacientes a Cafesalud, debido a la apropiación de los recursos públicos desvío de dineros por parte de su fundador Carlos Palacino y su equipo conformado por María Carolina Lemus, Alberto Castro Cantillo, entre otros.
Todo empieza a partir del seguimiento de la Contraloría, por el uso indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales mediante la desviación de $1.05 billones entre el periodo de 1998-2010. Otra de las razones que desató la polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los directivos por $6.000 millones, de los cuales $3.541 millones fueron al bolsillo del presidente Carlos Palacino en el periodo del 2005-2010. Consecuencias. -El sobreprecio de medicina y tratamientos para la atención de los usuarios de los servicios de la EPS. -La confusión de los recursos de medicina prepagada con los que integran el Plan Obligatorio de Salud en beneficio de los privados. -La falta de pago de los servicios de salud a los proveedores, que se registraba como utilidad. -El traslado de aproximadamente cuatro millones quinientos mil pacientes a Cafesalud, debido a la apropiación de los recursos públicos desvío de dineros por parte de su fundador Carlos Palacino y su equipo conformado por María Carolina Lemus, Alberto Castro Cantillo, entre otros.
Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, también investigado por los millonarios recobros que esta EPS le hacía al Estado y que sirvieron para pagar abultadas bonificaciones, finca raíz, viajes e inversiones en el extranjero. Saludcoop está en venta y el proceso contra Palacino y otros responsables continúa. La Contraloría intervino Saludcoop y obligó a sus directivos, en cabeza de Carlos Palacino, a devolver los 1,4 billones de pesos correspondientes a la salud, que habían sido desviados de manera ilícita. Según la Contraloría, desde el año 1998 comenzó el fraude cuando Saludcoop, entre otros delitos, extendió su red de oficinas y centros médicos apropiándose de un porcentaje de los dineros de la salud que ingresaban y que eran registrados como utilidad. Razón que lo sancionó a Palacino y a otros 14 involucrados.
El castigo del gobierno: Palacino no puede ocupar cargos públicos en 18 años y pagó una demanda de $56 millones. A 4 años de que el caso tomó forma, ninguno de los acusados ha sido procesado, Saludcoop está a la venta y el proceso continúa para todos. La EPS más grande de Colombia también fue una de las más corruptas. 2001-2010
Usó de forma indebida los parafiscales del Sistema General de la Seguridad Social en Salud y generó pérdidas de $1,7 billones. Por este caso hay 7 personas procesadas por este caso, que dio cuenta de la impresionante corrupción en el sector salud.
Los afectados fueron los aportantes al Sistema de Salud y los beneficiarios del régimen subsidiado, la red hospitalaria, los profesionales y los prestadores de servicios de salud. Se vulneró el derecho a la salud, elemento determinante de la vida.
2002-2011. Caprecom. Robo $4 billones. Entidades afectadas: Ministerio de Salud y de Protección Social, FOSYGA, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom. Génesis. Presunta indebida financiación con proveedores, posible desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que no cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos. Afectación social. Se investigan posibles deficiencias en la administración de los recursos de la salud. El manejo de dineros provenientes del propio aporte de los usuarios para contar con un servicio de salud digno, la debilidad y el escaso desarrollo de los sistemas de autocontrol y vigilancia de las EPS. Los afectados son los afiliados, los agentes prestadores de salud y el sistema mismo. Vinculados. -Carlos Tadeo Giraldo Gómez, director general 18/11/2002 a 19/09/2010. -Mario Andrés Urán Martínez, director general 20/09/2010 a 20/09/2011. -Fernando González Rodríguez, subdirector financiero 30/01/2003 a 31/01/2011. -Rafael Leonardo Páez Fuentes, secretario general E. -Moisés David Hernández Sánchez, secretario general 11/07/2011 a 15/12/2011. -Claudia Catalina Beltrán, subdirector EPS E de Caprecom. -Bdo Audit S.A. revisor fiscal, representada legalmente por Luz Marina Pérez Serna -Asesorías y Servicios en Salud – Asalud Ltda, representada legalmente por Pedro Fabián Forero. -Valencia Consultores y Outsourcing VCO S.A., representada legalmente por Fabio Alberto Valencia Bustamante.
En mayo de 2011 el presidente Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, que se hacía desde varios años atrás, que podrían superar los billones de pesos en el minprotecciónsocial. Se llegó a decir que era el mayor cartel de corrupción en el país. Caprecom también era una EPS que tuvo que ser liquidada por no poder pagar sus deudas, debido al mal manejo de los recursos que le llegaban, el desvío de esos recursos por pagos de costos, y la indebida financiación con proveedores. Caprecom desapareció $559.500 millones destinados para la salud de los colombianos. Se logró detectar a un grupo de funcionarios del Minprotecciónsocial, nombrados por el ministro Diego Palacio, que organizaron un grupo delictivo, mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al FOSYGA, que es con el que se financia la salud de los ciudadanos más pobres en Colombia.
Una de las modalidades de fraude consistía en “autorizar pagos a las EPS que habrían sido retenidos”; es decir que la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del POS, y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS por el que responde directamente el Gobierno, lo que obligaba al FOSYGA a disponer de los recursos y generar un doble cobro.
Por estas y otras acciones de fraude fueron capturadas 7 personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS. Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del país sumaron, a finales de 2015, unos $4 billones.
2014 Coomeva EPS. Robo: $146.900 mil millones. Entidad afectada: Ministerio de Salud. Génesis. Supuesta distorsión de las cuentas de costo por depreciación en propiedad, planta y equipo, así como en otros gastos que debieron ser asumidos por la entidad y fueron registrados como costos. Afectación social. El efecto del uso supuestamente indebido de recursos de la salud, que se generó por manejos financieros y contables posiblemente ilegales, evidencia la supuesta falta de transparencia y la debilidad en los controles de las entidades prestadoras de salud, afectando a los aportantes del sistema, debilitando financieramente el sistema de salud, contribuyendo así al deterioro de la calidad de prestación del servicio y a su sostenibilidad financiera. Vinculados. -Coomeva EPS -Fernando Panesso Serna, gerente. -Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, gerente general. -Nilson Humberto León Ramírez. -Sandra Moya Mendoza. -Price Waterhouse Coopers Ltda. -Judith Chica Mosquera, revisora fiscal principal de Coomeva EPS. Los altos mandos de Coomeva EPS, distorsionaron cuentas de costo y para su propio beneficio. Por ese caso, 5 directivos y 3 particulares fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin requisitos legales, celebración indebida de los mismos, quienes por medio de estos fraudes se apropiaron de $3.411 mil millones que hacían parte de contratos irregulares para la compra de medicamentos.
2017 El Cartel de los Abuelos. Risaralda. El 18 de mayo se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a ocho implicados en irregularidades en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde se atienden 93 personas, el caso fue denunciado por la personería de la ciudad con ayuda de la Fiscalía. Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado 4 de 13 contratos en el Programa del Adulto Mayor, pero las irregularidades superan los $700 millones. Entre los imputados están el secretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía; John Lemus, quien dice no tener responsabilidad en los cargos imputados. De los 8 implicados, el fiscal solicito la medida de aseguramiento para 7 de ellos; uno de ellos que aceptó cargos podría tener rebaja de pena del 50% y detención domiciliaria.
2016 Hospital Universitario del Valle. Robo $123.783 mil millones. A mediados de diciembre, fueron capturadas por el CTI, 7 trabajadores del Hospital Universitario del Valle de Cali, por presunta celebración indebida de contratos en el centro asistencial, lo que originó un detrimento patrimonial en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la nación Ley 550 para reestructurarla. En julio pasado, la contraloría había alertado sobre un posible detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones. Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se encuentra el director de la institución, Jaime Rubiano.
2013-2015 El Cartel de la Hemofilia. Córdoba. Robo $80 mil millones. Escándalo que estalló en julio luego de una investigación hecha por la Contraloría, donde descubrió nombres de personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de Salud que las hacían pasar como enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos NO-POS POS. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, concluyó que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los departamentos de Córdoba donde más se presentaron casos, Sucre, Bolívar y La Guajira, donde, a través de falsas IPS, falsificaban listas de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a 3 personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los hechos 2013 a 2015.
2016 El Cartel del Síndrome de Down. Córdoba. Costo $10.000 mil millones. Otro escándalo que involucra al departamento de Córdoba en el sector salud, al ser detectadas irregularidades por parte de la Contraloría en el pago, por parte de la gobernación departamental, a 4 IPS por $10.000 millones en la atención a niños con síndrome de Down o autismo. La Contraloría descubrió que los tratamientos a estos pacientes nunca se realizaron, pero aun así, se pagaron dado que se facturaron por paquetes y no de manera individual, además que la mitad de estos recursos debieron ser costeados por el POS en lugar del departamento; adicional a esto, nunca fueron autorizados por las respectivas EPS. Solo una de estas IPS´s recibió cerca de $7.000 millones sin tener un contrato formal con el departamento.
2016 Gobernación de La Guajira. Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del concejo de estado, como gobernadora del departamento a solo 5 meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación. En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez, ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte. Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas. En octubre, la Fiscalía capturó a 20 personas involucradas en el escándalo, entre ellos, un alcalde de Riohacha Rafael Ceballos Sierra y un gobernador departamental Jorge Pérez Bernier, además de involucrar en la investigación a 21 personas más, entre funcionarios y funcionarios nacionales, departamentales y contratistas. Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y privado, al conocer las irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania La Guajira, cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por presuntas irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida Pinto, por los delitos de cohecho propio y corrupción al sufragante convencer, mediante coimas, a los electores para que voten por determinada persona; en este caso, por él mismo y en Febrero de ese año, fue enviado a prisión, como medida necesaria para garantizar las investigaciones de la Fiscalia. Igualmente, en enero de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar PAE del municipio por valor de $5.713 millones, al comprobarse que a los niños beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentación del programa de manera real, generando rechazo e indignación.
2015 Programa de Alimentación Escolar PAE. Robo $12.745 mil millones. El Programa de Alimentación Escolar fue creado en el año 2007. Cuando se investigaron las denuncias sobre las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar en 7 departamentos de Colombia, se descubrieron 42 irregularidades, incumplimientos por parte de los contratistas, quienes en teoría, deberían entregar desayunos, almuerzos y refrigerios a las escuelas más pobres.
Los manejos en los dineros de los recursos para los niños en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre sumaron $12.745 millones en posibles pérdidas. Ese dinero es equivalente a más de 12.7 millones de raciones de comida que habrían alimentado a niños que realmente lo necesitaran. Enriquecerse a costa de la alimentación de los niños más vulnerables, es sin duda un acto más que vergonzoso y reprochable.
La fiscalía señaló que este desfalco a las arcas fue “sistemático y constante”. “Alimentos descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados y en condiciones sanitarias deficientes, incumplimiento de la minuta o ración nutricional necesaria, operadores que entregan la mitad de raciones contratadas pero cobran el 100 por ciento”, son algunas de las deficiencias de este programa.
2015 La Salud en el Huila. En junio la Fiscalía capturó a 9 personas, entre funcionarios de IPS, funcionarios de EPS y alcaldes de municipios del departamento del Huila, imputándoles: celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito con detención en establecimiento carcelario. Esto debido a unas irregularidades halladas en contratos entre la Caja de Compensación Familiar del Huila Comfamiliar y Medilaser, una IPS del departamento que no contaba con personal médico suficiente para atender la población de este departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado a los $25.000 mil millones, dineros públicos que debían ser destinados a la atención de personas inscritas en el Sisben un sistema estatal de atención en salud para personas de escasos recursos a través del Régimen Subsidiado. La Fiscalía señaló que los capturados se asociaron para "quedarse con el dinero de las personas más pobres que dependen del Sisben para acceder a los servicios de salud". Además de ello, se descubrió que Comfamiliar realizó contratos con hospitales, clínicas y centros de salud de los municipios de Garzón y La Plata por valor de $6.000 mil millones bajo la modalidad de "eventos controlados", limitando los servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado. En julio se capturaron 2 personas más involucradas en el escándalo, representantes legales de otra IPS que no cumplía con las facultades legales ni con la infraestructura necesaria para la atención de usuarios Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos, firmando contratos con Comfamiliar por valor de $3.000 mil millones.
Recursos parafiscales de la salud. Robo: $224.000 mil millones. Entidad afectada: Ministerio de Salud. Génesis. Denuncias sobre desvíos de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social. Afectación social. El desvío de recursos parafiscales, que es recaudado del aporte de los colombianos, afecta el derecho a la salud y la credibilidad de los ciudadanos en el sistema y en el Estado. Vinculados. -Consorcio Fidufosyga 2005 -Coomeva EPS -Cruz Blanca E.P.S. -Famisanar E.P.S. -Humana Vivir E.P.S -Solsalud EPS -Luisa Fernanda Bellini Pérez
IPS no habilitadas. Robo: $943.900 mil millones. Entidad afectada: Ministerio de Salud. Génesis. Pagos a Instituciones Prestadoras de Salud que según los registros no aparecen como habilitadas. Afectación social. Se afecta la red hospitalaria legalmente establecida, poniendo en riesgo su viabilidad financiera y, en consecuencia, la calidad de la prestación del servicio de salud a los usuarios. Vinculados: Por determinar.
10º Nacionales
2017 El Cartel de la Chatarrización. La Fiscalía ordenó, la captura de 28 personas, entre policías, funcionarios y funcionarios del mintransporte, tramitadores privados y líderes sindicales del sector camionero, por hacer parte de una "organización criminal" dedicada a defraudar al estado en el proceso de desintegración de vehículos de carga. El gobierno, para controlar el crecimiento del parque automotor de carga, implementó la Política de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión o empresa quería comprar un vehículo, debía chatarrizar o desmantelar otro de más de 20 años; si no regresa al negocio, se paga un incentivo de $89 millones por vehículo; si se chatarriza, pero compran otro camión, reciben un estímulo monetario menor y el cupo de su nuevo camión. Según la Fiscalía, el Cartel de la Chatarrización aplicó varios métodos para evadir la normativa: La chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios del Ministerio y de otras dependencias manipulaban la información de un vehículo en la base de datos para hacerlo aparecer apto para reposición; la chatarrización de camiones inexistentes, armando vehículos por partes para este fin y la desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos propietarios, en muchas ocasiones, ni sabían de la manipulación que era objeto la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones, a razón de $50 millones por camión. A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal y en concurso con el de uso de documento falso, además del delito de supresión u ocultamiento de documento público.
2017 Coljuegos. La Policía y la fiscalía en ciudades del eje cafetero y luego de una investigación de 1 año, se hicieron efectivas 31 órdenes de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra funcionarios y exfuncionarios de Coljuegos; de estas capturas, 3 fueron contra directores de la entidad. Se descubrió que, a través de empresas de papel, funcionarios de Coljuegos generaron un detrimento patrimonial superior a los $2.000 mil millones de entregando contratos "a dedo" para activar unas máquinas tragamonedas que habían sido dadas de baja después de haber sido incautadas por Etesa entidad predecesora de Coljuegos. Por alguna razón que se desconoce, las máquinas decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo de seguridad de la entidad cuando no están registradas, en su lugar habrían sido habilitadas y puestas de nuevo en circulación en casinos a través de concesiones. A los capturados se les imputo interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público, concierto con fines de enriquecimiento ilícito.
2016 Comunidad del Anillo. En febrero se denunció una "red de prostitución homosexual masculina" que funcionaba en la Policía desde la Escuela de Cadetes General Santander, a cargo del entonces director de la escuela, coronel Jerson Castellanos, donde algunos cadetes víctimas de esta red denunciaron haber sido abusados por el Coronel Castellanos, además de ser obligados a brindar servicios sexuales a altos oficiales de policía, congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos del gobierno. La periodista dio a conocer en su programa de radio una grabación del año 2008, donde se ve al entonces senador, Carlos Ferro, sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el entonces subteniente y miembro de su escolta, Ányelo Palacios. Por este hecho, Vicky Dávila fue obligada a presentar su renuncia como directora de La FM y también como presentadora de TV, denunciando una "persecución" y un "atentando a la libertad de prensa" desde el gobierno. No obstante, las declaraciones de las víctimas sirvieron como base a la Procuraduría para iniciar investigaciones disciplinarias contra los involucrados en este escándalo, entre ellos, el entonces Director de la Policía, General Rodolfo Palomino, quien se vio obligado a pedir la baja del servicio activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento más crítico de su historia. El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se venía desempeñando como Viceministro de Relaciones Públicas del mininterior, presentó su renuncia al conocerse el mismo; además que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas. El autor del vídeo y denunciante de esta red de prostitución, capitán Ányelo Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte de la Inspección General de la Policía debido a supuestas acciones irregulares cuando ejercía como Comandante de Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi termina en suicidio del oficial.
2017 Caso Sandra Bonilla. A principios de mayo, fue condenada a 90 meses de prisión por peculado por apropiación, además de una multa de más de $400 millones, a la tesorera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente; Sandra Bonilla, por una transferencia de más de $800 millones a cuentas de sus familiares entre 2009 y 2014. Además, fueron condenadas también otras 4 personas que deben pagar penas de 35 a 50 meses de prisión y multas de $20 a $160 millones por complicidad en el delito.
11º Regionales.
1980 a 1990 Gobernaciones y Alcaldías. Robos a los dineros del erario público en toda la República de Colombia.
2010 Gobernadores y exgobernadores.
Gobernadores y exgobernadores destituidos e inhabilitados por la Procuraduría para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales, personas y empresas de dudosa reputación en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía.
Gobernadores en ejercicio:
Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle;
Oscar Raúl Flórez, gobernador de Casanare;
Joaco Berrío, gobernador de Bolívar;
Felipe Alonso Guzmán, gobernador del Putumayo;
Fredy Forero Renquiva, gobernador de Arauca;
Guillermo Alberto González, gobernador del Cauca;
Blas Arvelio Ortiz, gobernador del Vichada;
Oscar López, gobernador del Guaviare;
Patrocinio Sánchez Montes de Oca, gobernador del Chocó.
Exgobernadores:
Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá;
Efrén de Jesús Ramírez exgobernador de Guainía;
Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta;
William Pérez Espinel, exgobernador del Casanare.
De 2009 a 2016, se han sancionado por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas;
Entre 2004 a 2008 se destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular.
Gobernadores y exgobernadores destituidos e inhabilitados por la Procuraduría para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales, personas y empresas de dudosa reputación en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía.
Gobernadores en ejercicio:
Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle;
Oscar Raúl Flórez, gobernador de Casanare;
Joaco Berrío, gobernador de Bolívar;
Felipe Alonso Guzmán, gobernador del Putumayo;
Fredy Forero Renquiva, gobernador de Arauca;
Guillermo Alberto González, gobernador del Cauca;
Blas Arvelio Ortiz, gobernador del Vichada;
Oscar López, gobernador del Guaviare;
Patrocinio Sánchez Montes de Oca, gobernador del Chocó.
Exgobernadores:
Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá;
Efrén de Jesús Ramírez exgobernador de Guainía;
Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta;
William Pérez Espinel, exgobernador del Casanare.
De 2009 a 2016, se han sancionado por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas;
Entre 2004 a 2008 se destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular.
2013 Empresa de Energía de Pereira Enerpereira. Risaralda. Robo: $64.700 mil millones. Entidad afectada: Empresa de Energía de Pereira Enerpereira. La Contraloría archivo la investigación. Génesis. Directivos de Enerpereira repartieron ganancias sin liquidación de deudas y depositaron el capital social de $64.700 mil millones en el Fondo Proyectar Valores, decisión que dejó en riesgo el patrimonio de la empresa pública de energía de Pereira. El monto correspondiente al 51% de la Enerpereira es de recursos públicos de la ciudad, es decir, de los ciudadanos. La capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones. Vinculados. -Israel Londoño Londoño. -Adriana M. Wolff Cuartas. -Carlos A. Peña Bernal. -Jaime A. Herrera Agudelo. -Carlos A. Duque. -Édgar M. Galvis Lugo. -José M. Giraldo Barreto. -Gabriel A. Viveros Naranjo. -Juan M. Arango Vélez. -Álvaro D. García Muñoz. -Álvaro Beltrán Alzate. -Guillermo L. Henao Flórez. -Gabriela Jaramillo Restrepo. -Andrés H. Tamayo Guarín. -Diana M. Pulgarín Santa. -Jorge I. Zapata Escorcia. -John J. Toro Ríos. -Gabriel Gómez Gutiérrez. -Luis González López. -César Arango Isaza. -Empresa Capitalizadora del Tolima. -Luis A. Ríos Velilla. -Kapital Energy. -Enertolima Inversiones S. A. -Manuel Nule Velilla. -Grupo NULE
2017 Corpourabá. Antioquia. Luego de 2 días de audiencia, 3 empleados del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpourabá entidad estatal que ejerce como autoridad ambiental de la región, aceptaron los cargos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público imputados por la Fiscalía. Presuntamente, se habrían apropiado de $2.648 millones en dineros públicos entre 2010 y 2016. Esta investigación comenzó en mayo del año anterior, luego de una denuncia por los malos manejos dentro de la institución; además, hay una orden de captura vigente a la tesorera de la entidad.
2017 Secretaría de Movilidad de Medellín. Antioquia. El 1 de marzo, la Fiscalía capturó en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito de la ciudad, así como documentos propios de la entidad, licencias de conducir y seguros para accidentes de tránsito SOAT a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les venía haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.
2016 Secretaría de Hacienda de Medellín. Antioquia. A mediados de diciembre fueron capturados y enviados a prisión seis funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Medellín por concierto, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público, peculado por apropiación. La Fiscalía señala que, desde 2014, este grupo de personas habría cometido actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a Medellín por una cuantía superior a los $1.800 millones. El modus operandi consistía en contactar y convencer a contribiyentes para disminuir sus pagos por concepto de Impuesto Predial e Industria y Comercio para establecimientos comerciales e industriales a cambio de considerables sumas de dinero. Otro método utilizado era dejar prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y ofrecerles la citada prescripción. Además, se evidenció la realización de ajustes indebidos, ya que accedían al sistema interno y disminuían los saldos a pagar por los deudores morosos.
2017 Carrusel de las Cirugías Plásticas. Antioquia. A comienzos de Julio fueron capturados por la Fiscalía el Contralor Departamental de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el gerente de la E.S.E. Hospital La María de la ciudad de Medellín; William Marulanda y 3 hermanas del contralor Zuluaga. El gerente Marulanda habría autorizado realizar cirugías plásticas sin realizar el respectivo cobro a los beneficiarios de las mismas, incluyendo el Contralor y sus hermanas; en su lugar, se hacían las facturas y posteriormente se anulaban realizando cobros con valores menores a los reales, a veces, ni se cobraban los servicios de quirófano, anestesiólogos y medicamentos, afectando la parte financiera de ente de salud público. En otros casos, el gerente las hizo pasar por otros procedimientos para que las cobijara el POS. A los detenidos se les imputaron peculados por apropiación y prevaricato por omisión. Según una auditoría hecha, se habrían hallado desde el año anterior, cuando se solicitó la investigación a la Fiscalía de este caso por parte de concejales de Medellín y diputados de Antioquia, un total de 102 procedimientos médicos irregulares por valor de $130.762.550.oo. Pese a las pruebas recopiladas por la Fiscalía, el juez del caso les concedió libertad a los imputados al considerar que no había suficiente material probatorio; aun así, el proceso sigue su marcha.
2017 Captura de alcaldesa de Ocaña. Norte de Santander. En febrero fueron capturados por la Fiscalía la alcaldesa en ejercicio del municipio de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert Urquijo, por los delitos de violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, con medida de aseguramiento en cárcel. Por de un habitante del municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones con un contratista que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. La mandataria municipal vulneró una ley, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante la procuraduría. En Mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar una posible obstrucción de la justicia por parte de Prado Carrascal.
2017 Captura del alcalde de Mogotes. Santander. Se ordenó la captura en enero, con de aseguramiento, del alcalde en ejercicio del municipio de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación fiscal hecha por la contraloría, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en los años 2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno del municipio de Onzaga. En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad documento exigido por la ley colombiana para la realización de un contrato no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente $18 millones sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones, firmado con la cooperativa 'Gente Líder', cuyo objeto era la "Realización de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido por la ley colombiana; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por particulares. En Marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio seguirá su marcha.
2016 CAS. Santander. La Fiscalía capturó y envió a la cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a 4 funcionarios y exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS; entre ellos, la entonces directora de la entidad, Flor María Rangel, por peculado por apropiación y falsedad en documento público, debido a irregularidades en un contrato por un valor de $3.400 millones, donde se le entregó casi la totalidad de la plata al contratista Unión Temporal Barrancabermeja sin que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la "reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.
2015 Captura del alcalde de San Gil. Santander. En noviembre fue capturado el alcalde en ejercicio del municipio de San Gil; Alvaro Agón Martínez, por fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el alcalde de San Gil; Javier Agón condenado por celebración indebida de contratos durante su administración estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones con un proyecto de vivienda llamado "Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir" Asovibrisas. Los estafados pagaron por la administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como reserva forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado para beneficio personal de los Agón. En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran "muy baja" por el daño ocasionado a quienes invirtieron.
2014 Carrusel de contratos en Bucaramanga. Santander. La Fiscalía capturó al alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, por falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución del alcalde titular, Fernando Vargas Mendoza de octubre a diciembre de 2011, firmó contratos por más de $2.000 millones sin licitación. Además, muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores e interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratistas no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato. El alcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos, recibiendo beneficio de detención domiciliaria; en el mismo año 2016, también fueron condenados 2 de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.
2011 Destitución del Alcalde de Bucaramanga. Santander. La Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz Unipaz, al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones en 2011, que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del entonces alcalde Vargas; la más drástica, contra la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley colombiana. En enero de 2015, el alcalde Vargas recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el parque". Por este hecho, también fue sancionado su secretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12 años sin ejercer cargos públicos.
2008 Condena a gobernador de Santander. Santander. En febrero, fue capturado por la fiscalía en Bogotá el exgobernador de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por la corte a 7 años y 6 meses de prisión por peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones en 2008, para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del entonces Contralor Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el bano de occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones en 2008, dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel. En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaria privada.
2006 Destitución del Alcalde de Cali. Valle. En diciembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de Calid, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de la capital del Valle. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del minhacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aun así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos. En 2013, el alcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.
2015 Juegos Nacionales. Tolima. Incumplimiento de Ibagué, en la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el Gobierno, a través de Coldeportes, invirtió $258.910 mil millones; de los cuales, según la contraloría, se robaron $66.000 mil millones, dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. La Fiscalía comprobó irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción. Se ordenó la captura de 7 personas, entre contratistas de las obras y funcionarios de la alcaldía de Ibagué; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, asesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos y concusión, al defraudar al estado en más de $11.500 mil millones, condenado además a pagar una multa de $22.000 millones. Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables. En Mayo del mismo año, se le imputo una nueva condena al gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué Imdri Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, además de una multa de $61 millones, que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones en multa.
2013 Gobernación del Casanare. El gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte Suprema a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63.000 millones correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, Witman Porras autorizó el traslado de $38.000 mil millones del departamento a cinco patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; además de otra operación ilegal en septiembre de 2007 por $25.000 mil millones al patrimonio de Fidupetrol posteriormente condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su quiebar y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió en que entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía" a favor del departamento. De esos $63.000 millones, siguen perdidos $46.000 mil millones.
2017 Captura del alcalde de Cartagena. Bolívar. En agosto 3 fueron capturados por el CTI el alcalde de Cartagena; Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; José Julián Vásquez y la contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por cohecho y tráfico de influencias, debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días atrás, se había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a Fontalvo; Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron sancionados por la procuraduría todos los concejales de la ciudad que eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche quien convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la convocatoria; el abogado Iván Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia Fontalvo, cercana al alcalde.
2017 Cartel de las Regalías. Córdoba. En enero fue capturado por la Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento de Córdoba y director del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió $150.000 mil millones producto de regalías departamentales a favor del también detenido contratista Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del TLC con USA, proyectos que no se ejecutaron completamente, según denuncia del gobernador en ejercicio; Edwin Besaile, causando detrimento patrimonial al departamento por haber sido girados la casi totalidad de los recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los detenidos, además de los socios de Henao, fueron acusados de peculado por apropiación y en concurso heterogéneo además de celebración indebida de contratos. Maximiliano García, funcionario departamental que trabajó con el director de regalías Jairo Zapa, asesinado al descubrir las irregularidades, también está vinculado al proceso, además de estar investigado por el crimen de su jefe, igual que Henao.
2017 Captura del alcalde de Moñitos. Córdoba. A comienzos de mayo fueron capturados por la DIJIN de la Policía el alcalde de Moñitos; Álvaro Casseres Matoza junto a su padre; Álvaro Casseres Brieva y tres funcionarios de su administración con su respetiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento o amenaza a los electores y fraude en la inscripción de documentos de identidad; descubriéndose estas irregularidades en el proceso de elección de Casseres Matoza como alcalde de este municipio.
2015 Carrusel de la educación, Córdoba. La Fiscalía capturo en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones en 2015. Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del mineducación Fiduprevisora. Entre los involucrados está el senador Armando Benedetti, por lo cual la corte abrió indagación preliminar en su contra.
2016 Policía de Barranquilla. Atlántico. En noviembre fueron capturados, en un operativo conjunto entre Policía y Fiscalía, 19 policías activos que eran parte de la Policía de Barranquilla y 2 personas civiles que habrían cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban la base de datos del RUNT, aprovechando su condición de autoridad de tránsito, para chantajear a aquellos que no tuvieran documentación al día a cambio de dádivas o sobornos, utilizando personal civil como operadores de radio, 3 que permitían el microtráfico a una banda delincuencial en dos barrios y 1 que había asaltado unos días atrás, en compañía de un exagente de la institución, una tienda de barrio.
2011 Condena a alcaldes de Barranquilla. Atlántico. En octubre, los exalcaldes de Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisberg, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por peculado y celebración indebida de contratos, debido a presuntas anomalías en la compra, el 20 de agosto de 1998, de 2 lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social VIS en la capital del Atlántico y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones en 2011 del total de $4.500 millones a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda. Los 2 alcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones en 2011, y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones; igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.
12º Financieros
2012 Interbolsa. Robo: $340.000 mil millones. Contexto. En el momento menos esperado, en las circunstancias más ilógicas, durante el año 2012, la comisionista Interbolsa fue intervenida, principal corredor de bolsa de Colombia. Una de las razones principales por las cuales se empezó el proceso, fue la deuda que la comisionista tenía con el banco español BBVA por una suma de $20.000 mil millones. También, otro de los puntos principales fue la caída de Víctor Maldonado, con el 30% de acciones dentro de la comisionista. Entre los otros acusados se encuentra Rodrigo Jaramillo, cerebro principal del caso Interbolsa, condenado a 7 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación fraudulenta y administración desleal. El descalabro de la firma, con un portafolio de 174 millones de dólares, es quizás el más sonado de los últimos años, una historia de corrupción que defraudó a 1.260 inversionistas que perdieron más del billón de pesos. Consecuencias. El desvío de dineros obtenidos mediante préstamos por $248.000 millones de pesos, utilizados por la directiva de Interbolsa para uso personal. La incautación de bienes y empresas intervenidas por una deuda pendiente de Fondo Premium, por un valor de $350.000 mil millones. La extradición del fundador de Interbolsa, Víctor Maldonado, hacia España por los delitos de estafa gravada y captación masiva de dinero. El descalabro de varias empresas intervenidas por Interbolsa en operaciones financieras de altas sumas de dinero. La consolidación de una feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones. El escándalo estalló por el del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa de su "Fondo Premium" para su uso personal. Condenas. Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz montaron un entramado que estafó a inversionistas de Interbolsa y Premium. En el 2016 aceptaron el delito y en marzo pasado fueron condenados a 5 años y 9 meses de detención domiciliaria, el pago de 100 salarios mínimos como multa. Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, condenado por manipulación fraudulenta y administración desleal, a 7 años de prisión domiciliaria, al pago de una multa de $7.000 mil millones. Además de otras personas vinculadas con la entidad.
2004 Escándalo de Invercolsa. Fernando Londoño como Ministro del Interior y de Justicia, en 2004 Renuncio al ministerio
La supersociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de $9.000 mil millones en mayo de 1997, obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004. Invercolsa era una empresa de la petrolera estatal Ecopetrol que manejaba inversiones en campos petroleros. En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el ministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones. El Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los $145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el ministro Londoño debiera restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.228 Decisión que fue inmediatamente apelada por el ministro y en 2005, una sala de conjueces del consejo de estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. La Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy las acciones no han sido devueltas.
2016 Libranzas. Miles de inversionistas estafados al invertir a través de empresas como Estraval y Elite, aliadas con cooperativas de libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; en un esquema de pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la perdida de sus ahorros. Se estima que las pérdidas pueden ascender a más de $1.5 billones en 2016 de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones. La supersociedades inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015. La Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso Elite. En cuanto a las 2 sociedades, la Supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para Élite y septiembre del mismo año para Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus víctimas. La Fiscalía imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.
2008 Las Pirámides. En esta ocasión el estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos las más importantes y protagonistas de este escándalo; Proyecciones D.R.F.E. y D.M.G. Grupo Holding S.A.. La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico. Estas empresas no solo lograron afectar la economía de varios departamentos como Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Cundinamarca, Antioquia y las regiones del Tolima Grande, el Eje Cafetero y la Costa Caribe, sino que a su vez logró afectar la economía del país. Se estima que el dinero invertido por los afectados en estas empresas oscila en los $2.16 billones en 2008.
2008 La DMG Política. En el año 2008 el emporio que David Murcia Guzmán DMG comenzó a construir tres años antes se desplomó tras ser capturado en Panamá, después de que en Colombia sele imputara delitos como captación ilegal de dinero y lavado de activos. Murcia Guzmán, quien fue relacionado con reconocidos narcotraficantes y paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y Juan Carlos Abadía, alias “Chupeta”, habría defraudó a centenares de ahorradores en cerca $1,1 billones, según la Supersociedades.
La intervención del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase de empresas en Colombia. En grabaciones en las que Murcia, gerente de D.M.G., conversa con su cuñado William Suárez ambos capturados por la justicia, dejando en evidencia la presunta entrega de $400 millones en 2008, como contribución a la campaña política del candidato a la gobernación de Boyacá y luego Magistrado del Consejo de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos. En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.
La fiscalía advirtió que también existirían nexos entre D.M.G. y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la compañía. El entonces Procurador, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al consejo electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de D.M.G. De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al personero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años. De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los entonces gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y del Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.
13º Carteles Industriales y Comerciales.
La lista de los carteles en Colombia puede ser interminable, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de ellos surgieron hace más de 10 años y con el tiempo reaparecieron.
La lista de los carteles en Colombia puede ser interminable, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de ellos surgieron hace más de 10 años y con el tiempo reaparecieron.
1- Cartel de la contratación en Bogotá 1990-2017. Es el más grande, el más antiguo, el que no recuerdan los colombianos, sobre todo los bogotanos, quienes aún padecen los estragos del llamado ‘carrusel de la contratación’ que se gestó desde la alcaldía de Juan Martín Caicedo Ferrer, Peñalosa I-II y los Moreno Rojas. Alcaldes, congresistas, funcionarios, los Nule, contratistas, interventores, se reparten billonarios contratos de obras públicas en Bogotá. Como: Transmilenio, construcción y remodelación de calles, carreras, troncales, puentes, desniveles, deprimidos, desviando los anticipos de dichas construcciones a sus cuentas. Después de años de investigaciones los órganos de control se limitan a tasar en monto del rodo y el detrimento patrimonial.
2- Cartel del Azúcar 2010-2013. La SIC descubrió que los ingenios azucareros de Risaralda y Valle del Cauca se asociaron con otros países para evitar que llegara azúcar importada a Colombia. De esta manera, la oferta sería mínima y el precio a los consumidores se podía mantener alto. Finalmente la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia Asocaña fue multada junto con 14 empresas, entre las que figuraron Riopaila Castilla, Ingenio del Cauca y Manuelita, y que se vieron obligadas a pagar $324.441 mil millones de pesos.
En 2010, representantes de la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño, Comestibles San Antonio, Coca-Cola Femsa, Bavaria, Coca-Cola Industria Nacional de Gaseosas, Aje Colombia, Nestlé de Colombia, Bimbo de Colombia, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Meals de Colombia S. A. y Casa Luker denunciaron la obstrucción de las importaciones del azúcar, que es una materia prima esencial para sus negocios.
3- Cartel del Cemento 2005-2013. La SIC, quien vela por la libre competencia para que los colombianos no terminen pagando más por un producto o servicio, inició hace un par de años una investigación contra varias compañías como Cementos Argos, Holcim, Cémex Colombia, Cementos San Marcos y Cementos Tequendama al detectar que entre ellas, había acuerdos de precios para mantenerlos altos. Aunque la SIC acusó a 14 funcionarios y castigó a dichas empresas con una multa de $3.183 mil millones en total, tiempo después la multa contra Argos se cayó.
4- Cartel de los Tubos 2004-2014. La SIC sanciono con $231.000 mil millones a 3 empresas: American Pipe, Manufacturas de Cemento Titán, Tubox, por conformar un cartel para fijar artificialmente los precios en el sector de los tubos de cemento, en 2004 a 2014, tiempo en el que se habrían cometido las conductas anticompetitivas, las empresas vendieron en el mercado local $250.000 millones de pesos.
5- Cartel del Papel 1998-2014. La SIC formuló pliego de cargos en contra de Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de Risaralda, Drypers por la cartelización empresarial que desarrollaron desde 1998 hasta 2013, cuando varias empresas decidieron delatar el cartel. La multa fue de $60 mil millones.
6- Cartel del Papel Higiénico 2002-2016. En 2002 las empresas Productos Familia, Colombiana Kimberly, Papeles Nacionales, C. Y P. conformaron el cartel a través de sus directivos, que acordaron fijar conjuntamente el precio del papel higiénico, servilletas, toallas para cocina, de la línea tisu, pañuelos para manos y cara. Fueron amos y señores del negocio durante los más de 14 años que duró el cartel afectando a 3.7 millones de hogares, manipulando los precios de productos de la canasta familiar.
7- Cartel de los Cuadernos 2001-2016. La SIC impuso sanciones por $70.000 millones para cada empresa, a Kimberly, Carvajal y Scribe, el cartel “se originó en el año 2001, se mantuvo hasta el 2014. El cartel fijo los precios del segmento económico, intermedio y premium de los cuadernos” Estas empresas habrían creado un acuerdo para evitar la competencia y así poder inflar los precios de estos útiles escolares, que afectaron a más de 9 millones de estudiantes.
8- Cartel de la Chatarrización 2017. La Policía capturó a 20 personas en todo el país por este cartel, empezando por Pedro Aguilar, quien sería la cabeza del cartel de la chatarrización. Fueron más de 12 mil vehículos de carga chatarrizados de manera fraudulenta, “operaciones que podrían representar ganancias aproximadas a los $600 mil millones, es decir, $50 millones por cada camión”.
9- Cartel del Ganado 2017. La SIC descubrió irregularidades en las subastas ganaderas y anunció una millonaria multa de $2.692 mil millones. Son 17 empresas que hacen parte del sector de las subastas ganaderas y que fueron sancionadas por “violación a la libre competencia”. Según la SIC, “las mencionadas sociedades formaron un cartel empresarial para fijar, coordinada y artificialmente, una comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en subastas públicas”.
10- Cartel de los Medicamentos 2016. Se trataba de 38 pacientes que presentaron 269 autorizaciones fraudulentas para reclamar medicamentos de alto costo que luego eran vendidos a un precio mucho mayor. Nueva EPS fue la entidad que resultó afectada con el desfalco al entregar 6.123 dosis de medicamentos que sumaban más de $1.261 mil millones.
11- Cartel de la Hemofilia 2016.- Quienes conformaron esta organización usaban pacientes con hemofilia para robarse los recursos destinados a la salud. El caso ocurrió en Córdoba, donde los supuestos pacientes reclamaban medicamentos no contemplados en el POS.
INTRODUCCION
0º Firmas auditoras investigadas
1º Los más Vergonzosos
2º El más Magno. Reficar
3º El Cartel de la Justicia
4º Bogotá ‘Carruseles de la Contratación’
5º 1990-1994
6º 1994-1998
7º 1998-2002
8º 2002-2010
9º Seguridad Social
10º Nacionales
11º Regionales
12º Financieros
13º Carteles Industriales y Comerciales
FALTAN
Caso Lezo.
Epm une.
Miti Miti.
Paraíso fiscal.
Bavaria.
El metro y el TransMilenio de Bogotá.
Banco Agrario.
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